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México

Localizó Sedena 662 tomas clandestinas en sólo 20 días

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio a conocer este lunes que han localizado y cancelado más de 600 tomas clandestinas de combustible en diversos estados del país, como parte de los esfuerzos del Gobierno de México para combatir a las bandas que se dedican al huachicoleo.

En conferencia de prensa, el jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, Homero Mendoza, detalló que entre el 7 y el 27 de enero recibieron unas mil 300 alertas de Petróleos Mexicanos (Pemex) sobre la presencia de tomas clandestinas logrando localizar y reparar 293, de las cuales 184 corresponden al ducto Tuxpan-Azcapotzalco, 45 al Tula-Salamanca y 32 al Tuxpan-Tula.

Asimismo, otras mil 022 que no pudieron ser localizadas “porque el sistema no es tan preciso y no nos da la ubicación exacta, el kilómetro exacto en el ducto que nos diera la certeza para actuar eficazmente en cada toma”.

Mendoza Ruiz agregó que el personal de la Sedena localizó de manera independiente otras 369 tomas gracias a los patrullajes que se realizan en los ductos, dando un total de 662 tomas clandestinas localizadas y clausuradas.

Por otro lado, el general mostró imágenes de una toma clandestina en San Juan de Río, Querétaro, localizada el pasado 25 de enero y en la que se pudo observar un derrame importante que se esparció a un canal de riego cercano, lo que da una muestra del reto que enfrenta el gobierno mexicano.

Otro ejemplo mostrado fue en el municipio jalisciense de Zapotlanejo, donde se ubicó una manguera de 2 kilómetros de longitud que comunicaba la toma con una bodega en la que se envasaba el combustible.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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