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Logra Profeco Chihuahua recuperar $76 mil pesos a favor de los consumidores

La delegada estatal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Yubia Velázquez, informó que durante el operativo realizado en El Buen Fin se lograron recuperar $76 mil 672 pesos a favor de los consumidores, gracias a conciliaciones que se efectuaron entre clientes y proveedores en 23 demandas hechas el pasado fin de semana.
La delegada comentó que hubo un total de 23 quejas de las que en 19 se logró una conciliación, asimismo, informó que en dos casos no se llegó a una conciliación y que debido a ello, se realizará una verificación con las empresas responsables para analizar el motivo por el que alteraron los precios, mientras que en las dos restantes no se pudo encontrar a los consumidores.
La funcionaria puso como ejemplos la venta de un iPhone 5 que se vendía en la Plaza de la Tecnología a un precio de 4.99, a donde una consumidora llegó con una moneda de cinco pesos para adquirir el teléfono, se realizó la labor de conciliación y se logró que le vendieran dos iPhone en mil 200 pesos cada uno.
Por otra parte, se tuvo también el caso de una mueblería ubicada en el periférico De la Juventud donde se denunció que incrementaron 10 mil pesos más el costo de una sala, por lo que se giró una orden de verificación para revisar la lista de precios y proceder como corresponda al caso, sea con una sanción a la tienda e inmovilizar la venta de productos.
Yubia Velázquez indicó que las los principales proveedores que tuvieron quejas fueron Wal Mart por no respetar precios exhibidos en un juego de sartenes y Fábricas de Francia, mientras que las empresas con las que no fue posible una conciliación fueron también Wal Mart y Coppel, que no respetaron los precios y por tener publicación engañosa.
De igual forma, comentó que en la tienda de autoservicio Sam’s se encontraron con que personal del lugar se negó a vender nueve lap tops que estaban en oferta, pero que al carecer de un límite de ventas de dicho producto tuvieron que efectuar la venta.
La delegada destacó que las empresas denunciadas durante El Buen Fin fueron Wal Mart, Fábricas de Francia, Home Depot, Sam’s y Coppel.
Cabe destacar que la funcionaria estatal expresó que la delegación a su cargo se mantuvo al pendiente de las denuncias que hizo la ciudadanía, así como también de la operación realizada por la Profeco durante El Buen Fin para mantener protegida la economía de los chihuahuenses.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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