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López-Gatell refutó a Marcelo Ebrard sobre ensayos clínicos de vacunas contra COVID-19

Al final de la conferencia matutina del martes, el Subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, negó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) haya aprobado algún ensayo clínico para vacunas contra el COVID-19.

Esto contradice el anuncio que el canciller, Marcelo Ebrard, emitió en el mismo foro respecto a la recepción de cuatro nuevos ensayos en fase 3 durante septiembre, entre los cuales se incluye el de Cansino BIO para uso pediátrico.

Cuestionado sobre ello, López-Gatell aseguró, ante los medios de comunicación, que la farmacéutica china “no ha presentado ningún documento al respecto ante la Cofepris” y aclaró que lo dicho por el también titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) “es parte del ensayo original”.

“No es un ensayo en sí mismo, es parte del ensayo original y se ha estado conduciendo. El ensayo lo conduce el doctor (Guillermo) Ruiz Palacios en el Instituto de Nutrición, pero no se han mostrado resultados hacia la autoridad sanitaria”.
Los otros tres ensayos que Ebrard había presentado en la mañanera son: Walvax, Sanofi (de Francia) y la Academia China de Ciencias Médicas. Con éstos, aseguró, México ya sumada ocho ensayos clínicos en fase 3 – incluyendo Janssen, Novavax y CureVac.

En otro momento de su participación, Ebrard aseguró que a principios de octubre se rebasarán las 120 millones de vacunas recibidos. Agregó que en septiembre arribarán 4 millones 600 mil dosis de AstraZeneca y un millón 750 mil de Moderna – esta última calendarizada para el 21 de septiembre.

Por su parte, López-Gatell informó que se espera recibir 4.6 millones de vacunas de Pfizer y AstraZeneca para el cierre de la semana; en la mañana de este miércoles, arribó el segundo embarque de Pfizer con 585 mil dosis.

Según datos de la Secretaría de Salud (Ssa), el 14 de septiembre se aplicaron de 827 mil 612 antígenos, lo que asciende la cifra acumulada a 93 millones 588 mil 719.

De ese total, 39 millones 850 mil 745 (65%) ha completado el esquema de vacunación, mientras que 21 millones 324 mil 352 (35%) cuenta con una dosis en tanto se cumple el lapso requerido para recibir la segunda aplicación.

Fuente: Infobae

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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