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López Obrador llama a respetar derechos humanos de delincuentes

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El presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó un exhorto a la Guardia Nacional a fin de evitar la violación de los derechos humanos de los delincuentes al subrayar que, a pesar de su actuar, merecen respeto porque son seres humanos.

Al inaugurar el cuartel de la Guardia Nacional en el municipio de Tepatitlán de Morelos, el mandatario federal aseveró que todos los mexicanos desean que en el país se establezca un verdadero Estado de derecho y no como antes que había un «Estado de chueco».

Agregó que la creación de la Guardia Nacional busca garantizar la paz y tranquilidad:

“Sin excesos, sin autoritarismo, respetando los derechos humanos, pueden ser los delincuentes hasta familiares, hermanos, primos que se fueron por el camino equivocado de las conductas antisociales”, expresó.

En el evento, el presidente también enfatizó que ya no se permitirá la impunidad ni la práctica de que un juez local o federal deja en libertad a un presunto delincuente con el mismo pretexto de siempre, que estaba mal integrada la averiguación.

«Eso es corrupción, hay que llamarle por su nombre. Y esos jueces, esos magistrados, deben de pensar que son otros tiempos. No es amenaza, ni siquiera advertencia, es nada más decirles que ya se acabó la corrupción, que ya no vamos permitir, no vamos a tolerar la impunidad, que queremos vivir en un México con legalidad, en un México con justicia», subrayó.

Sin mencionar algún caso en particular, subrayó que es inaceptable que en los juzgados y tribunales los integrantes de organizaciones criminales sean liberados por órdenes de jueces bajo argumentos cuestionables.

Fuente: Excelsior

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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