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México

López Obrador negó venganza política contra Rosario Robles

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) descartó que la determinación de prisión preventiva contra Rosario Robles sea parte de una venganza política contra la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).

“Por lo que corresponde al ejecutivo, no hay ninguna venganza. Nosotros no hacemos eso, eso es inmoral, es indigno. Eso le resta a cualquiera autoridad y para nosotros lo más importante es la autoridad moral (…) No se denuncia a nadie por consigna política”.
Ante ello, el mandatario reiteró que las decisiones de la Fiscalía General de la República (FGR) y, eventualmente, del Poder Judicial son autónomas y deben respetarse.

No obstante, hizo un llamado a investigar y sancionar al juez en caso de comprobarse que actuó por consigna; asimismo, recomendó la intervención de la Comisión de los Derechos Humanos, si se hallara violación a los derechos.

“(La Fiscalía) es un poder autónomo y luego el poder judicial. (…) En el caso de Rosario Robles, es un asunto de poder judicial, es el que resuelve. Y si el juez recibió una orden o actuó por consigna, debería de ser sancionado. Porque los jueces tienen que actuar con autonomía”, aseveró durante su conferencia matutina.

Este martes, tras una audiencia de casi tres horas, el juez, Ganther Alejandro Villar Ceballos, determinó que la inculpada continuaría su proceso en prisión preventiva, ante un alto riesgo de fuga, argumentó; cabe resaltar que la ex titular se ha mantenido en dicho status desde hace dos años.

Al respecto, su defensa legal, Epigmenio Mendieta, declaró al salir de la audiencia en el Reclusorio Preventivo Sur que luego de hablar con su cliente decidieron que impugnarán mediante apelación.

Asimismo, sostuvo que era insostenible la prisión preventiva, ya que los fiscales habían sostenido esa medida bajo evidencias falsas, como licencias de conducir con diferentes direcciones y con las cuales se dudaba del domicilio de la acusada.

Por su parte, Mariana Moguel Robles, hija de Robles, acusó que los argumentos del juez fueron “desproporcionados y alejados de la justicia”, de ahí que declaró:

“Hoy volvemos a ver que una mujer inocente regresa a prisión y yo lo único que pido es piso parejo. Recurriremos a todo lo que sea necesario, tanto legalmente como alzando nuestra voz, para que mi madre tenga el derecho de llevar el proceso en libertad”.
De acuerdo con Mendieta, cuando Rosario Robles hizo uso de la palabra solicitó al juez Villar Ceballos que se le dé un trato igual, haciendo alusión al caso de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), condenado a libertad condicional por participar en la red de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

La Estafa maestra fue un mecanismo para otorgar contratos a universidades y empresas fantasmas, las cuales se encargarían de ejecutar obras y servicios referentes a programas sociales, pero en realidad, el dinero habría sido triangulado para financiar campañas electorales.

Robles Berlanga había ofrecido colaborar luego de múltiples presiones, delatar a supuestos cómplices y obtener un castigo menos severo, pero retiró la oferta porque el acuerdo incluía que reparara el daño al erario público calculado en poco más de 5 mil millones de pesos.

Fue arrestada el 13 de agosto del 2019, con lo cual lleva más de dos años privada de su libertad, en tanto se amplían las investigaciones. Unos cinco días antes de aquella detención, había acudido a comparecer por voluntad, pues dijo que no tenía nada qué esconder y prepararía su defensa.

Otros ex colaboradores están bajo proceso, unos presos y algunos implicados más se mantienen prófugos, pero ella es la funcionaria de más alto nivel que ha sido detenida por este caso.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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