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López Obrador propondría consulta para juzgar a expresidentes antes del 15 de septiembre

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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, enlistó este lunes en su conferencia de prensa los lineamientos que se deben cumplir para poder llevar a cabo la consulta ciudadana sobre si se enjuicia a ex mandatarios o no.

López Obrador explicó que hay un plazo que comprende del 1 al 15 de septiembre para poder solicitar la realización de una consulta ciudadana, según marca la Constitución, por lo que consideró que “se está a tiempo”.

“Solo se puede solicitar, así está, del día 1 de septiembre al día 15 de septiembre, afortunadamente o desafortunadamente se está a tiempo, porque legalmente no se podría solicitar después”, indicó el mandatario mexicano.

El mandatario mexicano señaló que hay tres maneras para solicitar la consulta, una es que el presidente de la República lo haga, la segunda que la tercera parte de los legisladores, ya sea de la Cámara de Diputados o de Senadores, y que el 1% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral lo solicite.

López Obrador subrayó que lo mejor sería que la solicitaran los ciudadanos, sin embargo, dijo que no descarta la posibilidad de hacer la solicitud él, pero explicó que esperará hasta el final.

“En el caso de los expresidentes, consulta. En los otros casos (los de Genaro García Luna y Emilio Lozoya) la investigación; en el caso de los expresidentes, porque se supone de que tienen fuero, entonces habría que revisar este asunto y lo que propongo es que al mismo tiempo que la fiscalía y el poder judicial van resolviendo sobre la responsabilidad de los expresidentes, al mismo tiempo se puede hacer una consulta ciudadana.

Repito, no quiero ser yo verdugo, no es mi fuerte la venganza, que esto lo decidamos entre todos”, sentenció.

El mandatario mexicano recordó este lunes que la legislación establece que los ciudadanos pueden solicitar una consulta ciudadana mediante la recolección de firmas entre el 1 y el 15 de septiembre de cada año, por lo que subrayó que “se está a tiempo”.

“Aquí quiero hacer una aclaración que es muy importante, para hacer una consulta solo hay un plazo, pero lo planteo porque ayer estuve revisando la Constitución y la ley de la materia, y va a ser interesante que sepamos todos, para el procedimiento para la celebración de una consulta ciudadana.

Quién puede solicitarla, el presidente de la República, una tercera parte de los legisladores de alguna de las dos Cámaras o el 1% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, esto es como un millón 600 mil ciudadanos, son los tres que pueden.

En el caso que la solicite el presidente o los legisladores, se requiere la aprobación en las Cámaras, no tengo claro si es mayoría simple o dos terceras partes, son de las cosas que se tienen que revisar, si es solicitud de los ciudadanos que reúnan las firmas antes del 15 de septiembre, ya no pasa por la aprobación del Congreso, sólo tiene que aprobarse la solicitud, va directo a la corte”, explicó López Obrador.

De ser procedente, se celebraría el 6 de junio de 2021, fecha de las elecciones intermedias al Congreso, o el 1 de agosto del mismo año.

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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