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Los 3 ‘trucos’ del ‘Bronco’ para obtener financiamiento ilícito, según el INE

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El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó que Jaime Rodríguez Calderón, ‘El Bronco’ recurrió a 13.6 millones de pesos de financiamiento ilegal durante la etapa de recopilación de apoyos para conseguir el registro de su candidatura independiente, por lo que determinó imponerle una multa de 739 mil pesos.

Este lunes, el representante legal del candidato independiente, Juan Morales, presentó una denuncia ante la Fepade en contra del INE, por la aplicación que se usó para recoger apoyos ciudadanos.

La Unidad Técnica de Fiscalización identificó tres esquemas de financiamiento ilícito de ‘El Bronco’, por lo que se determinó dar vista a otras instancias como la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), y el Sistema de Administración Tributaria (SAT), así como a los órganos de control y transparencia de Nuevo León.

En sesión ordinaria, el Consejo General aprobó los tres dictámenes en materia de fiscalización; sin embargo, se rechazó la aplicación de sanciones más severas como la cancelación del registro de la candidatura de Rodríguez Calderón, así como la vista al Congreso para un eventual juicio político en su contra, en su calidad de gobernador con licencia.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Ciro Murayama, detalló los tres modelos de financiamiento de los que se valió Rodríguez Calderón; en primera instancia se encuentra el uso de 652 servidores públicos adscritos a 29 dependencias de Nuevo León, que se dedicaron en días y horas hábiles a la recolección de apoyos.

Al respecto, señaló que el cálculo es que se utilizaron 4 mil pesos de recursos públicos por cada uno de esos auxiliares, por lo que involucra un monto de 2 millones 608 mil pesos.

El segundo esquema detectado por el INE fue la triangulación de recursos de empresas que depositaron montos que involucraron 4 millones 494 mil 250 pesos para financiar las actividades de ‘El Bronco’.

Murayama explicó que encontraron 82 aportantes que hicieron depósitos superiores a 100 mil pesos a la cuenta de la asociación civil ‘Viva la Independencia’.

Precisó que de 17.5 millones que Rodríguez Calderón declaró como aportación de simpatizantes, 15 millones –89 por ciento–provenían de dichos aportantes a los que las empresas les hacían los depósitos para que posteriormente los depositaran a favor de ‘El Bronco’.

El consejero indicó que con el apoyo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se revisaron las cuentas de 23 aportantes, los cuales no tenían vínculo con dichas empresas identificadas como ‘fantasma’. Incluso el propio candidato independiente recibió 1.1 millones de pesos mediante el mismo mecanismo, de los cuales posteriormente aportó 240 mil pesos a su propia asociación.

“No se trata de empresarios que den su propio dinero, sino de empresas con frecuencia con operación irregular, sin capital, sin pagar cotizaciones de seguridad social, con accionistas de escasos recursos, que utilizan a testaferros para ocultar que meten dinero a la política”, manifestó.

El presidente de la Comisión de Fiscalización indicó que el tercer esquema fue gasto no reportado y de origen ilegal por 6 millones 521 mil 179 pesos de pago para mil 035 auxiliares, que se hizo a través de las tarjetas Saldazo Oxxo, que fueron fondeadas por tres empresas mercantiles.

Lorenzo Córdova, consejero presidente, puntualizó que “este Instituto, con estos procedimientos, no pretende hacer política o incidir en la política”.

Indicó que el desahogo de estos procedimientos ha dado indicios de que se están cometiendo posibles ilícitos para los que el INE no tiene competencia de investigación, como malversación de recursos públicos, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que se determinó la vista a la PGR y al SAT.

La consejera Pamela San Martín propuso que también se diera vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral para que se investiguen a las empresas aportantes, de las cuales actualmente el INE identificó a 16, pero aclaró que esto no implica prejuzgar los recursos de ‘El Bronco’ para el tema de fiscalización.

Señalaron que por ello seguirá la investigación de más de 11 millones de pesos.

Durante la sesión, el representante de Encuentro Social, Berlín Rodríguez Soria, demandó que se aprobara una sanción más severa contra el candidato independiente, como la cancelación de su registro; sin embargo, fue rechazado porque los consejeros puntualizaron que en su calidad de persona física sólo se le puede imponer la multa por 700 mil pesos.

“Nosotros no podemos trascender eso, ni tampoco, llegar a conclusiones como que se puede retirar una candidatura si no tenemos los elementos que la ley señala como causales de negación de una candidatura”, detalló.

Explicó que para retirar una candidatura se tendrían haber superado los gastos durante la etapa proselitista, y ahora, con los gastos adicionales que se han encontrado, todavía no se rebasan los 33 millones de pesos de tope de campaña.

No obstante, el representante legislativo del PRD, Isidro Pedraza, destacó que los datos identificados por el INE permitirán a los partidos proceder por otras vías.

El consejero José Roberto Ruiz planteó que se diera vista al Congreso de la Unión para un eventual juicio político contra Rodríguez Calderón en su calidad de gobernador de Nuevo León, pero fue rechazado por mayoría de 10 votos.

Política

Expone Oscar Avitira daños estructurales en viviendas de Ciudad Juárez por operaciones de extracción de empresa ASPA

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• Se han visto afectadas colonias de la zona poniente cerca de Camino Real, como los Ojitos y las aledañas a la Sierra de Juárez

Ciudad Juárez, Chih., 9 de febrero de 2026. – El diputado, Oscar Avitia Arellanes, denuncio la problemática que viven los vecinos de la zona poniente en Ciudad Juárez quienes fueron afectados derivado de las operaciones de la empresa Asfaltos y Pavimentos de Juárez (ASPA) quienes han realizado voladuras con explosivos, durante años, lo que ha generado daños estructurales en las viviendas de los vecinos de dicha área fronteriza.

El legislador explicó que las operaciones de la empresa ASPA, que se ubica a un costado del Camino Real, a la altura de la Colonia los Ojitos, se relacionan con la industria de la construcción de vías terrestres, carreteras, pavimentación, urbanización, terracerías, entre otros; y desde finales de 2021, ha realizado voladuras con explosivos en sus operaciones de extracción de materiales en la zona poniente, cerca de la Sierra de Juárez.

“Un caso emblemático ocurrió en diciembre de aquel año, cuando una detonación de aproximadamente 125 kilogramos de explosivos generó ondas de choque, dejando consigo daños estructurales en viviendas y otro tipo de edificaciones de la colonia los Ojitos, así como en áreas aledañas”, dijo.

Oscar Avitia, señaló que estos hechos no han quedado en el pasado ya que las quejas persisten, las vibraciones regresan una y otra vez, y en las últimas semanas los vecinos han vuelto a sentir el estruendo que les roba la paz, el sueño y la seguridad.

“No se trata de un incidente aislado, sino de una amenaza recurrente que pone en riesgo la vida de niñas, niños y familias enteras quienes ven vulnerados sus derechos”, enfatizó.

Como parte de dicho acuerdo, esperamos contar con el respaldo de las distintas fuerzas políticas a fin de hacer a las siguientes autoridades para los siguientes fines:

? A la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), para verificar el cumplimiento estricto de normas federales en el manejo y uso de explosivos por parte de ASPA.
? A la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COESPRIS), para evaluar impactos en la salud pública posiblemente derivados de las operaciones de dicha empresa.
? A la Dirección de Protección Civil Municipal de Ciudad Juárez, para inspecciones técnicas urgentes y evaluación de riesgos estructurales en viviendas afectadas.
? A la Dirección de Ecología del Municipio, para supervisar emisiones de ruido, vibraciones y otras.
? A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), para revisar autorizaciones ambientales y aplicar sanciones si es que proceden.
? A la Fiscalía General del Estado para otorgar a quienes interpongan su denuncia, facilidades y seguimiento a fin de garantizar la reparación integral del daño.

Finalmente, Oscar Avitia exigió prioridad absoluta en la protección de la vida y el patrimonio de las familias juarenses, ya que ninguna actividad económica debe realizarse a costa de la seguridad de las y los juarenses.

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