Los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos no fueron incinerados en el basurero de Cocula, como se afirmó en la verdad histórica que presentaron Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón de Lucio, dijo Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, a la revista Proceso.
“Se acabó la verdad histórica”, dijo Gertz Manero esta semana, al anunciar que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó casi 50 órdenes de aprehensión relacionadas con el caso Ayotzinapa. Entre ellas una en contra de Tomás Zerón, quien fuera ex director de la Agencia de Inteligencia Criminal (AIC) de la otrora Procuraduría General de la República (PGR).
“Al decir se acabó la verdad histórica, ¿a qué se refiere concretamente?”, preguntó Patricia Ávila, reportera de Proceso, al funcionario. “La verdad histórica, hasta donde yo lo entiendo, es la que ellos (los funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto) sostuvieron en el sentido de que los jóvenes fueron sacrificados y quemados en un determinado lugar. Esa es la verdad histórica”, contestó Gertz.
“¿Entonces no fueron incinerados en el basurero de Cocula?”, cuestionó la periodista. “No. Ellos, Tomás Zerón y Murillo Karam, dijeron eso. Yo le digo a usted que esta institución, de acuerdo con las investigaciones, no está de acuerdo con esa verdad histórica”, respondió Gertz.
Sus palabras se encuentran en el texto Caso Ayotiznapa.“Fue una desaparición forzada”, incluido en el número de Proceso del domingo 5 de julio de 2020.
De acuerdo con la versión oficial, los 43 estudiantes normalistas desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, a manos de policías corruptos y miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los mataron e incineraron en el basurero del municipio de Cocula. No obstante, varios peritajes independientes han concluido que no es “científicamente posible” la incineración de 43 cuerpos.
Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, informó esta semana que Zerón huyó del país por lo que al capturarlo se espera la extradición correspondiente, a través de la ficha roja que la Fiscalía pidió a la Interpol para su localización a nivel internacional.
Las ordenes de aprehensión las dictó un Juez de Distrito de Procesos Penales Federales a 46 servidores públicos de diversos municipios del estado de Guerrero. “A todos ellos se les acusa por los delitos de desaparición forzada y por delincuencia organizada”, dijo Gertz en conferencia de prensa.
Fuente: SinEmbargo
