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Los aranceles de México a EU dolerán a estados republicanos

Los aranceles que México impuso a Estados Unidos son un golpe político en busca de que el gobierno de Donald Trump retire las cuotas arancelarias que impuso al acero y aluminio mexicanos.

El jueves pasado el gobierno mexicano informó que aplicará aranceles a aceros planos, lámparas, carne de puerco, embutidos y preparaciones alimenticias, manzanas, uvas, arándanos y diversos quesos provenientes de Estados Unidos.

Estos productos no son precisamente los que más vende Estados Unidos a México, pero fueron estratégicamente elegidos por la Secretaría de Economía, pues los estados y condados donde se produce la mayor parte de estos bienes son los que apoyan al Partido Republicano y al gobierno de Trump, explicó Alejandro Arzate Mejía, integrante de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México.

“La medida de México no es para proteger a los productores nacionales como lo busca Trump con el acero, la medida de México es una cuestión política”, dijo Arzate.

Al poner aranceles a estos productos subirían sus precios en México, esto puede propiciar que la gente busque productos nacionales o de otros países porque serían más baratos que los provenientes de Estados Unidos. Al bajar la demanda de estos productos, bajaría la venta de los productores ubicados en territorio republicano, explicó el especialista.

“Es parte de una estrategia en la que hemos trabajado con la Secretaría de Economía. Estamos acudiendo con nuestros aliados en esos estados diciéndoles; tanto ustedes como nosotros estamos saliendo afectados por la política de Trump”, dijo Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en entrevista con Televisa.

Con productores en Estados Unidos afectados por la baja de sus ventas, México busca que estos comiencen a presionar a sus legisladores y representantes en la Cámara de Comercio para que el gobierno de Trump quite los aranceles al acero y aluminio mexicanos, dijo el especialista del Colegio de Contadores.

El representante de la cúpula empresarial aseveró que las medidas que aplicó el gobierno mexicano no afectarán las cadenas de valor al interior de México, y que los aranceles que impuso a Estados Unidos serán temporales hasta que retire las cuotas al acero y aluminio.

«Muchos de los productos que México, Canadá y Europa han prometido marcar con aranceles de represalia, como la carne de cerdo, textiles, tabaco y otros bienes, provienen de estados que este año contarán con competitivas elecciones para el Congreso y que el presidente Trump deberá ganar en el 2020 para resultar reelecto», comentó Manuel Padrón, socio líder nacional en Comercio Exterior y Aduanas para América Latina en Baker Mckenzie.

Cifras del departamento de Comercio de Estados Unidos destacan que las exportaciones de carne de cerdo a México provienen de El Paso y Laredo, Texas y Nogales, Arizona, estados que dieron el triunfo presidencial a Donald Trump.

El monto de las exportaciones de carne de cerdo provenientes de estas entidades a México sumó 1,103 millones de dólares en 2017.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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