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Los australianos que vuelvan a su país desde la India podrían ser castigados con hasta cinco años de cárcel

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Los ciudadanos y residentes australianos que vuelvan a casa procedentes de la India podrían afrontar multas y penas de hasta cinco años de cárcel, después de que el Gobierno haya prohibido temporalmente los viajes desde este país asiático.

A partir del 3 de mayo, cualquier persona que haya estado en la India en los 14 días previos a su fecha prevista de llegada a Australia no podrá entrar en el país. Los infractores podrían ser castigados con una sentencia de cárcel de cinco años, una multa de 66.000 dólares australianos (51.000 dólares) o ambas. El Gobierno revisará las restricciones el próximo 15 de mayo.

Proteger los sistemas de cuarentena y la salud pública

Se trata de la primera vez que Australia tipifica como delito que sus ciudadanos regresen a su país.

El ministro de Salud, Greg Hunt, aseguró en un comunicado que el Gobierno «no toma estas decisiones a la ligera».

«Sin embargo, es fundamental que la integridad de la salud pública australiana y de los sistemas de cuarentena esté protegida y el número de casos de covid-19 en las instalaciones de cuarentena se reduzca a un nivel manejable», indicó.

  • Las autoridades de la India informaron este sábado de 401.993 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, el recuento diario más alto a nivel mundial, tras 10 días consecutivos con más de 300.000 nuevos contagios al día. Por otro lado, se han registrado 3.523 nuevos decesos por covid-19, lo que eleva a 211.853 el número total de víctimas mortales en el país.
  • Esta misma jornada, la India ha abierto su campaña de vacunación masiva a todos los adultos, aunque varios estados advirtieron sobre de la escasez de antídotos. Entretanto, el primer lote de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus ha llegado este sábado a la ciudad india de Hyderabad.

Nota Principal

Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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