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Resto del mundo

Los australianos que vuelvan a su país desde la India podrían ser castigados con hasta cinco años de cárcel

Los ciudadanos y residentes australianos que vuelvan a casa procedentes de la India podrían afrontar multas y penas de hasta cinco años de cárcel, después de que el Gobierno haya prohibido temporalmente los viajes desde este país asiático.

A partir del 3 de mayo, cualquier persona que haya estado en la India en los 14 días previos a su fecha prevista de llegada a Australia no podrá entrar en el país. Los infractores podrían ser castigados con una sentencia de cárcel de cinco años, una multa de 66.000 dólares australianos (51.000 dólares) o ambas. El Gobierno revisará las restricciones el próximo 15 de mayo.

Proteger los sistemas de cuarentena y la salud pública

Se trata de la primera vez que Australia tipifica como delito que sus ciudadanos regresen a su país.

El ministro de Salud, Greg Hunt, aseguró en un comunicado que el Gobierno «no toma estas decisiones a la ligera».

«Sin embargo, es fundamental que la integridad de la salud pública australiana y de los sistemas de cuarentena esté protegida y el número de casos de covid-19 en las instalaciones de cuarentena se reduzca a un nivel manejable», indicó.

  • Las autoridades de la India informaron este sábado de 401.993 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, el recuento diario más alto a nivel mundial, tras 10 días consecutivos con más de 300.000 nuevos contagios al día. Por otro lado, se han registrado 3.523 nuevos decesos por covid-19, lo que eleva a 211.853 el número total de víctimas mortales en el país.
  • Esta misma jornada, la India ha abierto su campaña de vacunación masiva a todos los adultos, aunque varios estados advirtieron sobre de la escasez de antídotos. Entretanto, el primer lote de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus ha llegado este sábado a la ciudad india de Hyderabad.

Resto del mundo

Cofece multa a Walmart por prácticas monopólicas: la batalla legal apenas comienza

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) asestó un golpe histórico al multar a Walmart de México con 93.4 millones de pesos tras concluir una investigación que se extendió por más de cuatro años. La razón: prácticas monopólicas relativas, particularmente en el trato con sus distribuidores.

Según el dictamen de la Cofece, Walmart aprovechó su posición dominante en el mercado para imponer condiciones desfavorables a los proveedores, afectando la competencia en el sector. Aunque no se han revelado todos los detalles de las “contribuciones” impuestas a los distribuidores, el veredicto destaca cómo estas prácticas distorsionan el acceso al mercado y perjudican a competidores más pequeños.

En respuesta, Walmart no tardó en reaccionar. La empresa anunció que impugnará la decisión y enfatizó su compromiso con el cumplimiento de las leyes mexicanas. En su comunicación oficial, destacó que la sanción carece de fundamento y que está basada en interpretaciones erróneas. Este movimiento era predecible: para una empresa de este tamaño, 93 millones de pesos no solo representan una cifra considerable, sino también una amenaza a su reputación.

Por otro lado, la Cofece también se juega mucho. Este caso es una muestra clara de su intención de reforzar la vigilancia sobre los gigantes corporativos. Sin embargo, una batalla legal prolongada podría poner a prueba su capacidad de defender sus resoluciones en tribunales.

Más allá de la multa, el caso de Walmart pone el reflector sobre una problemática común en el comercio minorista: el desbalance de poder entre grandes cadenas y pequeños distribuidores. Si bien el desenlace de este litigio aún está por definirse, el mensaje es claro: los días de actuar sin consecuencias podrían estar contados. La industria y los consumidores estarán atentos a cada movimiento en esta batalla judicial.

 

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