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México

Los Cabos responde al ranking de ciudades más peligrosas

Luego de que se diera a conocer en México un informe por una ONG, en cual menciona que la ciudad de Los Cabos, BCS, se convirtió este 2017 en una urbe más violenta del mundo, el Ayuntamiento del municipio aseguró dicho estudio está «fuera de contexto»

«Respecto a la información que circula en algunos medios de comunicación que mencionan al estudio de ‘Ranking de las 50 ciudades más peligrosas del mundo 2017’, está completamente fuera de contexto, especula y manipula, presentando a destiempo cifras para mostrar al destino como un lugar inseguro, señala el comunicado.

El secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos, Luis Alberto González Rivera, explicó a través de este documento que, los estudios internacionales sobre el ranking mundial de las ciudades más violentas del mundo, se basan en ciudades que tienen más de 300 mil habitantes. En estos estudios no cuentan las zonas de guerra. Los Cabos es un municipio compuesto por la capital San José del Cabo y 4 delegaciones municipales, con una población de menos de 300 mil habitantes.

Por ejemplo, Caracas que hoy ocupa el primer lugar en el ranking se ha determinado su lugar por la entrada de muertos a la morgue de Bello Monte, ya que el gobierno no ha ofrecido cifras fidedignas hasta el momento. Cabe resaltar que la morgue de Bello Monte es una de las 4 Morgues que funcionan en Caracas.

San José del Cabo tiene 113,246 según datos del INEGI. Cabo San Lucas tiene 155,907 y la zona norte 28,725, con un total de 297,878 habitantes en el municipio de Los Cabos.

Agregó que, el año de mayor incidencia delictiva en Los Cabos paradójicamente fue el año de mayor derrama económica con un récord de aproximadamente 3 millones de visitantes.

De igual forma, el comunicado señala que este municipio sigue siendo uno de los destinos turísticos más visitados.

Recordó que en enero del 2018 el Departamento de Estado sacó a Los Cabos de la lista de ciudades más peligrosas, subiéndolo al ranking 2 de las menos peligrosas.

En los últimos meses en el municipio de Los Cabos no se han registrados muertes por hechos violentos, gracias a la voluntad del Gobierno Municipal que uniendo fuerzas y coordinándose con los mandos Estatales y Federales lograron los resultados de paz en Los Cabos, agrega en el documento.

Resaltó que este destino turístico es de gran relevancia internacional, el cual anualmente presenta una ocupación de más del 80% y que para el cierre del 2017 recibió un total de 2.5 millones de visitantes de todo el mundo, lo que representa un incremento del 16% en comparación al año 2016.

Este año no es la excepción ya que se estima una ocupación de más del 80% para la temporada de Semana Santa; Spring break y Pascua; así como un incremento del 5% en llegadas nacionales y 4.5% en internacionales.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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