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Opinión

Los dilemas de Manlio Fabio en Chihuahua por Victor M. Quintana Silveira

LOS DILEMAS  DE MANLIO FABIO EN CHIHUAHUA.

Por: Víctor M. Quintana S.

Nunca imaginó Manlio Fabio Beltrones, ya casi presidente nacional del PRI, que uno de los más espinosos asuntos que tiene que resolver es,  el del gobernador que a toda costa buscaba ocupar el puesto al que el sonorense accederá en unos cuantos días.

Hasta el momento en que Beltrones fue designado, el gobernador de Chihuahua, César Duarte, buscó a toda costa la presidencia nacional del tricolor. Su oficina de prensa hizo que varias columnas de diarios de circulación nacional publicaran la especie de que Duarte (César) era “el bueno” para el PRI, por su cercanía con Peña Nieto. Pero seguramente el mexiquense agobiado por lo duro y lo tupido de sus descalabros pensó: “primeros son mis dientes que mis parientes” y prefirió el colmillo y el oficio de Beltrones a ponerse en manos del cada vez más cuestionado mandatario chihuahuense.

Ahora, lejos de representar una solución para el PRI nacional, César Duarte se le ha convertido en un problema. En primer lugar porque de aceptó de muy mala gana que Manlio Fabio llegara al puesto para el cual se consideraba predestinado, antesala de la candidatura presidencial. Ni siquiera acudió a la asamblea donde Beltrones fue proclamado candidato “de unidad”. No va a desaprovechar ocasión para mostrar su descontento con los priístas del Centro del país. Va a tratarles de hacer ver que, si lo excluyeron del tan codiciado cargo, en Chihuahua nada más él manda.

Esto se torna más problemático en la coyuntura de la sucesión en Chihuahua. Duarte va a redoblar sus esfuerzos para imponer a su candidato a la gubernatura en 2016. Va a intentar bloquear a cuanto adversario interno encuentre. Así lo está haciendo con el ex alcalde de la capital del estado, Marco Adán Quezada, aparentemente a la cabeza de los priístas en las encuestas y apoyado por el grupo de los ex gobernadores Fernando y Reyes Baeza. El Congreso del Estado le cerró las puertas a buscar una candidatura independiente aprobando una reforma constitucional que priva del derecho a ese tipo de candidaturas a quienes hayan militado en un partido político hasta hace dos años. Así mismo, e Congreso ha iniciado un proceso que quizá culmine en la inhabilitación de Quezada  por el asunto de accidente del Aeroshow en el que perecieron 13 personas en octubre de 2013, unos días antes de que dejara la presidencia municipal. Duarte alega que sólo se está siguiendo una recomendación de la CNDH, misma que le viene como anillo al dedo a sus propósitos hegemónicos.

El PRI estará se meterá en serios aprietos si  Duarte se enterca en designar él a su candidato. Va a profundizar la seria división interna que ya ha causado en el tricolor chihuahuense y va a transmitir a su delfín la ilegitimidad y el rechazo que todos los días se le manifiesta en Chihuahua.

Entonces, Manlio Fabio se va a enfrentar a un dilema: si para realizar la “operación cicatriz” y consolar a Duarte de no haber llegado al puesto que él va a ostentar, le permite conducir el proceso sucesorio estatal para 2015, precipitará a su partido aún más en el desbarrancadero. Si no lo permite, Duarte puede reaccionar con ira  al sentirse desplazado y traicionado por su dirigencia nacional. En ambas hipótesis será necesaria una gran labor de operación política para que el PRI no se presente dividido a la cita electoral de 2015.

Pero también hay otro dilema para Beltrones si quiere controlar a Duarte: dado que ha desaparecido la “sana distancia” entre el PRI y el Gobierno, puede operar para que se le dé un puesto más simbólico que efectivo en el gabinete de Peña, y así deje de causar problemas y deteriorar más al partido en Chihuahua.

El sonorense también puede manejar prenda de negociación con Duarte la denuncia contra él presentada por el Lic. Jaime García Chávez desde septiembre pasado, que está siendo investigada por la PGR. Se trata de una denuncia por enriquecimiento inexplicable, ejercicio indebido de funciones y otros presuntos delitos más, por la compra de acciones del Banco Progreso por un total de 65 millones de pesos realizada por César Duarte.  Aquí, el nuevo presidente del CEN del PRI podría ofrecerle al gobernador chihuahuense impunidad a cambio de disciplina. Archivar o poner en reserva el expediente a cambio de que permita un proceso sucesorio terso al interior y una progresiva recuperación  de imagen del partido.

Las dos posibilidades implican la impunidad para César Duarte. Y aquí está el desafío que Manlio Fabio tiene no sólo en Chihuahua, sino en todo el país: terminar con la complicidad de la dirigencia de su partido con este Duarte, con el de Veracruz, con varios gobernadores y ex gobernadores acusados de corrupción y de autoritarismo. No permitir que el fin de la “sana distancia” con el gobierno de Peña signifique propiciar la impunidad a las  trapacerías de él y de su gabinete.  Lo más posible es que Beltrones eluda ese reto. Paradójicamente, el superarlo, sería la única vía para que él y su partido detengan el camino al abismo de 2018.

 

 

 

Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.

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