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México

“Los familiares dicen que me iré al infierno, pero éste es mi infierno”, afirma el doctor Luis Pérez

El caso del niño Edward, quien murió en un hospital de Oaxaca por una sobredosis de anestesia, se ha vuelto viral, sin que se tome en cuenta que el nosocomio privado carecía de las instalaciones adecuadas, por lo que el gremio galeno ha optado por realizar paros en al menos 70 puntos del país para exigir la liberación de Luis Pérez Méndez, médico señalado como responsable del fallecimiento del menor.

En Oaxaca, los padres de Edward marcharon para exigir justicia; la movilización fue convocada a través de redes sociales con el fin de defender los derechos de los pacientes contra la negligencia médica y evitar que queden libres los responsables de cometer el delito de homicidio por dolo eventual con agravante de responsabilidad médica.

Mientras tanto, a través de una carta enviada desde su encierro, el médico Luis Pérez se defendió de la actuación de la fiscalía estatal.

“Quiero ser el mejor doctor del mundo. Me considero una persona sumamente sensible, siento que me muero cuando cada paciente está aún en proceso de recuperación, porque yo soy su cuidador. Mi mayor deseo es que todos mis pacientes se vayan bien, que me sonrían y eso al final del día, que aún sigue siendo extenuante, es lo que me da fuerzas…

“Hoy dicen que maté a propósito a uno de mis pacientes, que lo maté con dolo. Me acuerdo muy bien de él, todos los días le pienso, me dolió en el alma, ya me sentía triste; ahora con esto me siento más. No entiendo nada de nada de leyes, no sé qué hacer, lo único que sé hacer es ser médico. No entiendo nada. Van a meter a la cárcel al niño de 18 años que fui, a toda mi historia.

“Los familiares dicen que me iré al infierno, no es cierto, éste es mi infierno y el infierno ya lo conozco muy bien. Mi querido Dios, la sociedad me quiere crucificar, ¿por qué me has abandonado? Yo solo deseaba ser el mejor doctor del mundo”, refiere Pérez Méndez en su carta.

Al respecto el movimiento “Yo soy médico #17” que se apoya en la red de Facebook, ya alcanzó 412 mil likes (me gusta); en Twitter, el hashtag #TodosSomosLuis logró colocarse por unas horas en la posición número ocho de tendencias.

“Yo soy médico 17” lanzó un ultimátum a la Fiscalía de Oaxaca y al Poder Judicial para que se libere a Luis Pérez, de lo contario, el 13 de abril se haría estallar un paro de labores en todo el país.

Crónica

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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