Isabel II era mundialmente conocida como la reina de Inglaterra, pero lo cierto es que su corona -que ahora ha heredado su hijo, el rey Carlos III- abarcaba muchos otros territorios.
Y es que la fallecida monarca reinaba en otros 14 países y, además encabezaba la Mancomunidad de Naciones o Commonwealth, una organización de Estados soberanos que cuenta con 56 miembros procedentes de todo el mundo, entre los cuales se incluye Reino Unido.
El nuevo rey de Inglaterra, Carlos III, asumió el rol de jefe de esta mancomunidad tras la muerte de Isabel II. Sin embargo, este no es un cargo hereditario y su designación es fruto de una decisión que tomaron los jefes de gobierno de estos países durante una cumbre realizada en 2018.
Pese a conservar el papel de su madre al frente de la Commonwealth, no está claro que en el futuro Carlos III pueda seguir siendo monarca de varios de los Estados sobre los que reinaba Isabel II, pues algunos de ellos han insinuado o anunciado su interés en convertirse en repúblicas.
La semana pasada, poco después de la proclamación de Carlos III como rey, el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, anunció su intención de convocar un referendo en los próximos tres años para hacer una transición hacia un sistema puramente republicano.
El gobierno de Jamaica tiene planes y un calendario similar. En marzo pasado, el primer ministro Andrew Holness, informó de sus intenciones al príncipe William y a su esposa Kate, quienes se encontraban de visita oficial en el país caribeño.
El actual primer ministro de Australia, Anthony Albanese, también ha dicho que quiere convocar un referendo para convertir a su país en una república, pero ha dejado claro que no piensa hacerlo durante su primer periodo en el cargo, que concluye en 2025.
En el caso de Nueva Zelanda, la primera ministra, Jacinda Ardern, ha dicho que respalda la transición de su país hacia una república, pero tras la muerte de Isabel II aclaró que no impulsará ese cambio durante su gobierno.
El último país sobre el que reinaba Isabel II que decidió convertirse en una república fue Barbados, en noviembre de 2021. Su entonces heredero, el actual rey Carlos III, acudió a la ceremonia en la que se certificó el cambio al país como representante de la monarca.
Un reinado extenso
Los territorios en los que reinaba Isabel II y donde ahora lo hace su hijo abarcan los más de 15.000 kilómetros que separan el palacio de Buckingham en Londres de la pequeña isla de Tuvalu, el más remoto de los lugares bajo su reinado, en pleno océano Índico.
¿La razón? Pese a que la mayor parte de los territorios y colonias bajo dominio británico lograron su independencia durante el período de descolonización de las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, muchos de estos se convirtieron en monarquías constitucionales y mantuvieron a Isabel II como su reina y jefa.
Varios se encuentran en el continente americano.
La mayor parte son islas del mar Caribe, aunque la lista incluye al segundo estado más extenso del planeta y más grande de América: Canadá.
Los demás son: Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Granada, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, y San Vicentey las Granadinas.
Fuera del continente americano y de Reino Unido, los países en los que reina Carlos III son Australia, Nueva Zelanda, Tuvalu, Islas Salomón y Papua Nueva Guinea.
Colonias y territorios
A los estados mencionados hay que sumar los llamados «territorios británicos de ultramar», que son un conjunto de colonias y territorios que no se independizaron.
En el hemisferio occidental, esta lista incluye a las islas Malvinas/Falklands, así como a Anguila, Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Montserrat; y las Islas Turcas y Caicos.
Por tratarse de monarquías constitucionales, el papel de Carlos III en aquellos países donde tiene el rol de jefe de Estado de es mayormente simbólico y representativo, y depende del sistema legal vigente aprobado por las autoridades de cada Estado.
Así, su reinado en estos lugares depende de la voluntad soberana de sus ciudadanos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.
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