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Los peligros del Wi-Fi en el Metro de CDMX

300 antenas a lo largo de 18 kilómetros de longitud, una inversión de 800 millones de pesos y Wi-Fi gratis para 300.000 personas diariamente. Este ha sido el objetivo del Sistema de Transporte Colectivo (STC) con la construcción de una red Wi-Fi gratuita en la línea 7 del Metro de la Ciudad de México.

La conexión a internet fue facilitada por el operador AT&T y se invirtieron 14.000 horas de trabajo para que los 26 vagones de la línea tuviera acceso a la red. «Este proyecto es emblemático, porque permitirá el acceso a internet, colocándonos en la frontera de la conectividad tecnológica», señaló Jorge Gaviño, director general del STC durante la inauguración del proyecto en diciembre de 2017.

La implementación de la red ha sido motivo de muchos esfuerzos y, en un principio, tiene como objetivo brindar un mejor servicio a los habitantes de la capital en uno de los transportes públicos más abarrotados del mundo. Sin embargo, conectarse a la red podría convertirse en un arma de doble filo después de que se dieran a conocer las condiciones para utilizar la red proporcionada por AT&T. Los usuarios deben proporcionar su nombre, teléfono y dirección de correo electrónico o los detalles de las cuentas en redes sociales para acceder al Wi-Fi; posteriormente reciben esta notificación, la cual deben aceptar para poder conectarse:

Le informamos que sus datos personales se tratarán para fines mercadotécnicos, publicitarios y de prospección comercial.

Los términos y condiciones añaden que BKO Security es la empresa que maneja los datos de los usuarios, quienes autorizan a la compañía «utilizar, tratar, recolectar, procesar y/o almacenar su información, incluso datos personales, incluidos los envíos por correo electrónico, telefonía celular o todo medio de comunicación electrónica que pueda llegar a desarrollarse».

Por otro lado, si una persona accede desde su cuenta de Twitter, está aceptando que BKO Security lea sus tweets, tenga información sobre los usuarios que sigue y, alarmantemente, «seguir a nuevas personas, actualizar tu perfil, publicar tweets por ti, acceder a los mensajes directos y ver tu dirección de correo electrónico».

A pesar de que en la página aclaran que no tienen permiso para ver tu contraseña y que la información será utilizada para medir la calidad del servicio, estadísticas o para objetivos promocionales, muchos expertos en seguridad digital han alertado sobre las condiciones de servicio de la red Wi-Fi.

Sin noticias de BKO Security
Más allá de las posibles violaciones de seguridad, una investigación de El Universal ha puesto de relieve los peligros que puede conllevar acceder a esta red. Además de que se da acceso a numerosos datos personales, la empresa BKO Security parece ser hasta ahora un secreto. En el aviso de privacidad, la sede de la compañía está en la Torre Diana, ubicada en Río Lerma 232, colonia Cuauhtémoc. Sin embargo, BKO Security no consta en el registro de las empresas que está en Torre Diana, ni tampoco se tiene constancia del contrato de la compañía con el Metro de la Ciudad de México.

En el mismo edificio de la colonia Cuauhtémoc se encuentran las oficinas de AT&T, la operadora que ha brindado la red Wi-Fi a la línea 7. Sin embargo, la empresa de telecomunicaciones ha negado cualquier relación con BKO Security y con los términos y condiciones que ofrece esta compañía.

«AT&T realizó el despliegue de tecnología y se encargará de su mantenimiento. Sin embargo, la administración de la red wifi corresponderá a las autoridades del Metro. AT&T no tendrá acceso a la información ni estará a cargo de su gestión, almacenaje ni seguridad», informó la operadora para El Universal.

Las autoridades del Metro de la capital mexicana todavía no han dado detalles sobre el contrato con BKO Security ni las condiciones.

Miles de usuarios, miles de datos
Se calcula que el Wi-Fi de la línea 7 dará conexión a internet a los aproximadamente 300.000 de usuarios diarios. Si aunque fuera la mitad de ellos se conectaran a la red de AT&T y aceptaran las condiciones de BKO Security, eso supondrá más de 150.000 datos sobre las cuentas de las personas, sus contactos y actividades en redes sociales.

Uno de los principales peligros es que una gran mayoría de personas no lee los términos y condiciones al acceder a este tipo de redes, por lo que la recolección exagerada de datos pudo haber pasado desapercibida para muchos.

La línea 7, al parecer, puede ser solamente el principio. La red Wi-Fi planea llevarse a cabo en tres fases y, para 2020, todas las líneas del Metro de la Ciudad de México contarían con conexión a internet. Esto supone, en lugar de 300.000, 5 millones de personas que podrían aceptar los términos de BKO Security.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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