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Los tatuajes distorsionan la conducta y deterioran los valores, dicen diputados del PAN

Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron en la Cámara una iniciativa para “prevenir que los niños y jóvenes incurran en prácticas como tatuarse”, porque a su parecer esa práctica distorsiona la conducta y puede tener diferentes repercusiones.
La intención de los legisladores es cambiar la ley para que se apliquen sanciones económicas tanto a las empresas que “introduzcan, adhieran o adjunten tatuajes a los productos de consumo humano” (como papitas o empaques de galletas), como a aquellos que se encarguen de distribuirlos o venderlos.
Según la iniciativa con proyecto de decreto, “la gran influencia que genera la publicidad en la actividad comercial” ha llevado a las empresas a incorporar en productos de consumo masivo, como alimentos y bebidas, “una serie de promocionales, tales como calcomanías adheribles, que sirven para que las niñas y niños se las adhieran a sus cuerpos simulando tatuajes”.
La iniciativa fue presentada por el diputado panista Elías Octavio Iñiguez Mejía, con el respaldo de la también legisladora panista, Claudia Sánchez Juárez.
En su argumentación, los legisladores señalan que “el afán mercantil” desmedido envuelve a los “incautos consumidores”, colocando a la niñez y a la juventud como “presa fácil”, incitándolos a colocarse, aunque parezca en forma provisional, “signos o imágenes en las diferentes partes del cuerpo, distorsionando su conducta respecto al cuidado, respeto y aprecio por su aspecto físico”.
Su idea es que las calcomanías adheribles en alimentos o bebidas, que simulan ser tatuajes, pueden incitar a los niños a colocarse después tatuajes permanentes, lo que repercutiría en su conducta, y tendría consecuencias “sociales, familiares, educativas, culturales y psicológicas”.
A futuro, según su argumentación, ponerse un tatuaje tiene efectos jurídicos y de tipo laboral.
“El uso de los tatuajes temporales o provisionales se ha intensificado por la incursión de estilos y modas que llegan de otras latitudes, principalmente ahora, con el avance de las comunicaciones y de medios como Internet y televisión, que influyen en las conductas de las nuevas generaciones, sin medir sus consecuencias”, se lee en la iniciativa.
“Lo cierto es que en los últimos años el entorno familiar, educativo, social y cultural en que se desarrollan los niños y adolescentes ha cambiado, por lo que debemos pugnar porque los valores de la persona humana, su libertad, el respeto y su dignidad prevalezcan”, agregaron los redactores de la iniciativa.
“Estas prácticas a temprana edad constituirán un referente que motivará el uso de tatuajes definitivos, que marcarán, permanentemente, sus cuerpos en forma general y reiterada. Es preocupante el deterioro que registran los valores de la sociedad contemporánea, que fundamentalmente repercuten en la infancia y en la juventud del país”.
Otro de los puntos que resaltan los promotores de la iniciativa, es que “el fomento e incitación de estas prácticas a temprana edad constituye un factor de riesgo, toda vez que los menores no poseen la madurez suficiente para asumir con plena conciencia y responsabilidad las consecuencias de sus actos, en detrimento de su salud y limitar las posibilidades futuras en otros ámbitos como el laboral”.
Además, señalan que colocarse tatuajes en lugares sin las medidas sanitarias adecuadas representa un “grave riesgo” de contraer infecciones, “que pueden derivar en complicaciones severas en su salud”, como granulomas, queloides, tétanos, la hepatitis B, C, e incluso el VIH.
Aunque “hay establecimientos que cumplen bien con las medidas sanitarias requeridas, también hay que reconocer que aún hay muchos sitios donde no se toman las previsiones sanitarias mínimas, lo que trae consigo riesgos cuyas implicaciones requieren del fortalecimiento de nuestro marco jurídico en aras de prevenir daños a la salud de la población, principalmente infantil y juvenil”, dijo la diputada Claudia Sánchez Juárez.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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