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Opinión

LOS TRES MEXICOS ANTE LAS ELECCIONES POR VICTOR M. QUINTANA SILVEIRA

LOS TRES MEXICOS ANTE LAS ELECCIONES.

Por: Víctor M. Quintana S.

 

Explosiones, inercias y esperanzas. Esas  tres palabras resumen lo que arrojó el proceso electoral que culminó el domingo pasado. Un modelo comicial y un modelo de representatividad que se está colapsando, ante el cual la nación reacciona con tres respuestas muy diferentes, que revelan los tres méxicos que coexistimos en este territorio.

 

Agoniza el proceso electoral más costoso de la historia. Los contribuyentes hemos pagado por él 21 mil millones de pesos. Y sin embargo, sigue marcado por la inequidad y por la impunidad. Impunidad en el manejo de los recursos públicos para financiar las campañas electorales. Impunidad del Partido Verde a pesar de haber violado la ley electoral un día sí y otro también,  con la complacencia de las autoridades electorales y el respaldo del duopolio televisivo. El hecho de que las autoridades, el Instituto Nacional de Elecciones y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación  no hayan podido ni querido poner fin a estas prácticas fraudulentas que despojan de equidad y certidumbre  a los comicios es señal inequívoca que el sistema electoral de México, el  más costoso del mundo,  está ya agotado.

 

Aun así, los comicios sirvieron de ocasión para que se manifestaran con claridad los tres méxicos que se disputan el país que habitamos:

 

El México de las inercias:

Es el que, de buen grado, o acarreado, o comprado, o amenazado, hizo que  Peña Nieto, el PRI y sus aliados sigan  controlando la Cámara de Diputados, ganaran o recuperaran cinco gubernaturas, se llevaran “carro completo” en varios estados y carro completo “abollado” en otros, como Chihuahua. Es el que, pese a los enormes costos para la Nación y para el Pueblo, va a proseguir las “reformas estructurales” que han entregado los hidrocarburos, el territorio y las telecomunicaciones a las empresas trasnacionales y a los oligopolios nacionales. El que continuará una política económica que, a pesar de las promesas de Peña Nieto, no ha logrado reactivar ni el empleo ni el ingreso. El que va a insistirá  también la guerra contra el crimen organizado iniciada desde la presidencia de Felipe Calderón, con su horrorosa cauda de muertes, de sangre y de desapariciones. Es el México de la inercia de privilegios y exclusión. El que consagra la inercia de la corrupción porque es impulsada por la inercia de la impunidad.

Este México se asienta ahí donde hay más atraso económico y social. Donde los ingresos de las personas son menores y dependen más del empleo generado por el gobierno. O de las dádivas de dicho gobierno, como los “prosperas”, los planes de intervención social oficialistas, etc.

 

En Chihuahua se vio claro: el PRI y sus aliados consiguieron más votos donde hay más pobreza, menos escolaridad, más vulnerabilidad y exclusión social.  Con excepción del distrito 6, aquellos donde hubo menos abstencionismo y más votos tricolores fueron los distritos 5, 7 y 9, con  amplia zona rural.

 

El México de las explosiones:

El proceso electoral que está culminando se distinguió también por muy diversas expresiones de violencia, En los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán hay una insurgencia social que cuestionó las elecciones e incluso buscó boicotearlas. Los múltiples agravios, como la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, la represión a los maestros, la colusión de gobiernos y partidos con el crimen organizado, la persistencia de la extrema pobreza estas que son las  entidades de más alta marginalidad del país, activaron un cúmulo de manifestaciones violentas, que llegaron incluso al incendio de varias sedes partidarias y la destrucción de papelería electoral. Sólo la militarización de esos estados, el virtual estado de sitio en los mismos hizo posible la celebración de los comicios. Pero la violencia no sólo afectó a estas entidades: a lo largo de todas las campañas fueron asesinadas en todo el país  21  personas ligadas a los procesos electorales: pre candidatos, candidatos, coordinadores de campaña, activistas.

Además, hay entidades donde el control territorial del crimen organizado tornó imposible que ciertos partidos realizaran campañas en algunos municipios o que siquiera fueran visitados por los candidatos. Es el caso de Tamaulipas, y  Jalisco,  también de Chihuahua.

 

El México de las esperanzas:

El fenómeno de las candidaturas independientes es, junto con el ascenso del MORENA,  es la noticia de estos comicios. Por primera vez fue posible que se presentaran formalmente candidatos independientes, reconocidos por los organismos electorales. Aunque sólo tres obtuvieron el triunfo: Jaime Rodríguez, “El Bronco”, en la  gubernatura de Nuevo León, Manuel Clouthier Jr., a una diputación en Sinaloa, y la agradable sorpresa del joven Pedro Kumamoto a otra diputación en Jalisco.  Además, la candidatura de Enrique Alfaro, aunque apoyada por el Movimiento Ciudadano constituye una expresión ciudadana masiva e independiente en ese estado, que  hizo ganar la alcaldía de Guadalajara y otros ayuntamientos y diputaciones. Con  movimientos como éste, la vía se abre para que el electorado, harto de la partidocracia,  busque nuevas opciones que no vengan a engordar a la ya muy obesa y arrogante clase política.

 

Es precisamente por esto que llama la atención el ascenso del MORENA. A pesar de haber realizado campañas muy austeras, con un mínimo de gasto por voto logrado, se colocó como la principal fuerza política en la Capital de la República y consolidó una fuerte presencia en más de la mitad de los estados, incluido Chihuahua.

 

Por cierto, en nuestro estado también despuntó, aunque débil, este México de las esperanzas. Por la ausencia de las urnas de un 68% del electorado, que hace de Chihuahua el segundo más abstencionista de la República, el PRI habrá ganado 8 de 9 diputaciones pero sólo votó por él un 10% del padrón electoral. Así se han encogido la legitimidad y el respaldo al gobierno de César Duarte. Hay espacios, como el de la ciudad de Chihuahua, donde el voto del PAN en los dos distritos supera al del tricolor. Y en Ciudad Juárez, MORENA obtiene un porcentaje de la votación superior a su media nacional.

 

Por esto el proceso electoral que se acaba de vivir en este país lo que más revela es los varios méxicos que en él se expresan: el México de las inercias, de la transición democrática atorada, de la apatía ciudadana. El México que rompe con ellas y se expresa a través de candidaturas independientes u opciones como MORENA o partidos “tomados” por la participación ciudadana. Y el  México donde la violencia institucional y la violencia criminal, casi siempre coludidas, no le dejan al pueblo otro camino más que la violencia de respuesta.

 

La gran interrogante es, ¿cuál de estos méxicos va a predominar en las elecciones presidenciales de 2018?

 

 

 

 

 

 

 

 

Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.

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