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Lozoya no pisa el reclusorio ni para firmar su libertad

Desde que fue extraditado a México tras haberse dado a la fuga, Emilio Lozoya Austin no ha pisado la cárcel en ningún momento. Pese a seguir legalmente procesado por los casos Odebrecht y Agronitrogenados y a que se le ha imputado su probable responsabilidad en cuatro delitos, no ha tenido que acudir a un reclusorio ni siquiera para firmar cada 15 días su libertad condicional.

Lo anterior gracias a las facilidades que autoridades federales y judiciales le han dado al exdirector de Pemex combinado con las medidas especiales que se han tomado por la pandemia sanitaria. Como resultado, Lozoya ha gozado de plena libertad de movimiento en el Valle de México, mientras que su firma la ha presentado a distancia o con modalidades alternas a la de la mayoría de los procesados.

Mientras tanto, el plazo original de seis meses que un juez dictó para definir su situación legal está a tres semanas de agotarse, sin que la Fiscalía General de la República (FGR) logre aún construir un proceso penal u obtener una orden de aprehensión en contra de alguno de los exfuncionarios de mayor jerarquía que Lozoya denunció para intentar ser perdonado.

Autoridades federales con pleno conocimiento del caso confirmaron a Animal Político que Lozoya ha recibido un trato de testigo colaborador desde agosto (permitiéndole presentar denuncias y rendir declaraciones), aunque la confirmación de si se le otorga o no un criterio de oportunidad, que de por concluidos los procesos en su contra, aún no ocurre y el plazo sigue corriendo.

Desde septiembre de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció que preparaba una nueva denuncia penal en contra de Lozoya por una amplia red de lavado de dinero de Odebrecht que involucra a más de 50 empresas irregulares y fantasma en México. Pero hasta ahora dicha denuncia no se ha presentado.

En contra de Lozoya se giraron inicialmente dos órdenes de aprehensión por dos cargos de lavado de dinero, uno de asociación delictuosa y otro de cohecho. El exfuncionario nunca se entregó por lo que tuvo que ser perseguido internacionalmente hasta que, en febrero de 2020, la Interpol lo detuvo en España.

Meses después de ser capturado, Lozoya ofreció a las autoridades no combatir legalmente su extradición y aceptar ser trasladado en calidad de detenido en México, a cambio de entregar información para denunciar una gran red de corrupción en la que estaban implicados incluso expresidentes.

Pero esto no eximía al exfuncionario de ser presentado ante un juez del Reclusorio Norte al menos para una audiencia inicial, sin embargo, debido a problemas de salud que se le diagnosticaron al bajar del avión se decidió enviarlo al Hospital Ángeles del Pedregal en lugar de a ese centro penitenciario.

Desde la cama de su habitación en dicho hospital, Lozoya compareció por videoconferencia ante el juez el 28 y 29 de julio, para ser vinculado a proceso por ambos casos… y salir libre.

En las audiencias realizadas en el hospital, a cuya grabación íntegra tuvo acceso Animal Político gracias a una solicitud de transparencia, los fiscales de FGR expusieron ante el juez que Lozoya se había dado a la fuga. Argumentaron que tenía recursos económicos, propiedades en el extranjero y familiares que podrían ayudar a volver a escapar y esconderse, por lo que era necesario restringir sus movimientos.

Sin embargo, y para sorpresa del propio juez, la Fiscalía no pidió como medida cautelar que fuera encarcelado de manera preventiva, sino solo que se le colocara un brazalete electrónico y que se le recogiera su pasaporte.

Fuente: Animal Político

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CFE responsabilizó a las energías renovables del apagón masivo

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa del Estado mexicano, anunció este martes que pedirá “sacar de operación” a generadoras de energías renovables al responsabilizarlas del apagón nacional que afectó a 10.3 millones de personas la semana pasada.

Los directivos de la CFE afirmaron que la falla en el sistema eléctrico del 28 de diciembre ocurrió cuando “había muy baja demanda”, y una generación de energía eólica y fotovoltaica que representaba 28% del total, “el mayor valor en la historia”.

”Como medida preventiva en demandas bajas, el Cenace (Centro Nacional de Control de Energía) se verá obligado a sacar de operación parte de la generación renovable intermitente para asegurar la confiabilidad del sistema nacional”, informó Luis Bravo, director de Comunicación Corporativa de CFE.

Esta es la tercera rueda de prensa que la CFE ofrece para explicar el apagón que la semana pasada afectó a 30% de la demanda total y a la cuarta parte del territorio nacional, como reconoce la compañía eléctrica del Estado.

La empresa ha insistido en que un incendio en una línea de transmisión de Tamaulipas, en el noreste del país, fue la principal causa del incidente aunque las autoridades de ese estado han cuestionado esa versión.

Este martes, los funcionarios de la CFE también acusaron a las plantas privadas de energías renovables que generan electricidad para la compañía del Estado.

”Este tipo de centrales eléctricas, además de requerir respaldo de generación convencional, carece de la inercia mecánica y no tiene capacidad para apoyar en el restablecimiento del sistema a una condición estable”, indicó Bravo al leer el informe oficial de la CFE.

Esta no es la primera vez que el Gobierno de México busca limitar a las energías renovables para fortalecer la electricidad generada en plantas propias de la CFE.

Con el argumento de preservar la estabilidad del sistema eléctrico de la pandemia, el Cenace publicó un acuerdo en abril pasado que limitaba la entrada de plantas privadas de renovables. Después, en mayo, la Secretaría de Energía (Sener) publicó una política para desincentivar el despacho de energía renovable porque son “intermitentes”.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha sostenido que debe rescatar a la CFE del “saqueo de los privados” que comenzó en el “periodo neoliberal”.

”La CFE sostiene al Sistema Eléctrico Nacional. Es una garantía para la nación y la vamos a defender. El presidente ha tomado una postura que nos enorgullece: hay que rescatar a la CFE precisamente del diseño para su desaparición”, dijo este martes Manuel Bartlett, director de la compañía.

La Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) informó esta semana que este año revisará la constitucionalidad del acuerdo de Cenace y de la política de Sener, que están impugnadas por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

Fue en diciembre de 2018 cuando la Sener tomó la decisión de cancelar las subastas eléctricas por medio de las que se licitaban proyectos de empresas para suministrar a la CFE energía más barata y limpia.

Fuente: EFE

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