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Lozoya tiene 6 meses para probar corrupción de EPN y su gabinete

La cuenta regresiva para que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, pruebe que el expresidente Enrique Peña Nieto y miembros de su gabinete conformaron una red de corrupción en la que él fue utilizado y con la que se perpetraron varios delitos, ha comenzado.

En un plazo de seis meses, como máximo, deberá denunciar, declarar y entregar evidencia suficiente que le permita a la Fiscalía General de la República (FGR) construir acusaciones en contra los integrantes de esta presunta red de corrupción tejida – según los abogados de Lozoya – en los “mas altos niveles de gobierno” en el sexenio pasado.

De no conseguirlo, será Lozoya quien sea acusado y llevado a juicio por los presuntos sobornos de más de diez millones de dólares que recibió de las empresas Odebrecht y Altos Hornos de México antes y durante su paso como director de Petróleos Mexicanos.

Lo anterior luego de que un juez federal determinó que había evidencia inicial suficiente para vincularlo a proceso por lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa en los referidos casos, y ordenó un plazo de medio año para que concluyan las investigaciones antes de llegar al juicio.

En dicho periodo, los fiscales de FGR deben reunir la evidencia que permita cerrar la acusación en contra del exdirector de Pemex y buscar una condena. El mismo lapso podría ser aprovechado por el exfuncionario de Peña Nieto para reunir elementos en su defensa y probar ante el juez su inocencia.

Pero el plan de Lozoya es otro. Su objetivo es obtener el perdón de la Fiscalía antes de llegar al juicio. La vía para ello es la obtención de lo que la ley denomina criterio de oportunidad, que consiste en denunciar y aportar información de la comisión de un delito más grave que el que se le imputa.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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