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Lula da Silva irá a juicio por corrupción

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Un juez brasileño de la Cámara Baja aceptó los cargos contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por supuestamente obstruir una investigación de corrupción en la paraestatal petrolera Petrobras. Aún no se fija la fecha del juicio.

La decisión nombra a Lula y otros cinco acusados como conspiradores en el supuesto intento por comprar el silencio de un ex director de Petrobras implicado en el escándalo.

La acusación de obstrucción de justicia contra Silva viene luego de un testimonio negociado con la corte del senador Delcidio do Amaral, a quien sus colegas retiraron de su escaño y también será procesado.

El jueves, los abogados de Lula introdujeron una petición ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas al acusar una falta de imparcialidad y abuso de poder por parte de otro juez que investiga el escándalo de Petrobras.

Silva, quien está al frente de las encuestas de popularidad para las elecciones del 2018, negó haber actuado mal. «Depende de los fiscales y la policía federal demostrar lo que dicen», dijo.

El juez federal con sede en Brasilia, Ricardo Leite, tomó la decisión del viernes. Él mismo ha sido acusado de obstruir una investigación relacionada con una conspiración de evasión fiscal dirigida por algunas de las compañías más grandes de Brasil.

Es la primera vez que el expresidente Silva se presentará a juicio por cargos relacionados con el escándalo Petrobras. También está acusado por los fiscales del estado de Sao Paulo de lavado de dinero y tergiversación criminal en relación con una supuesta conspiración de bienes raíces que lo beneficiaron a él y su familia.

Silva gobernó al país del 2003 al 2010. A pesar del escándalo de votos a cambio de sobornos que descalificaron a su jefe de gabinete y otros, dejó el poder con históricos niveles de popularidad y su sucesora escogida personalmente, Dilma Rousseff, ganó ampliamente la elección.

Zócalo

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Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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