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Madre y abuelos planearon su muerte; pidieron un tiro si sobrevivían

Los padres de Mireya Agraz Cortés planearon junto con su hija la muerte de ellos mismos y de sus tres nietos, luego de que el padre de los menores, acusado de abusos contra su propia familia, ganó la custodia.
Una nota hallada en el domicilio de la colonia San Jerónimo Lídice, donde estaban los cuerpos, fue escrita por el abuelo, Enrique Agraz, y estaba dirigida a otro de sus hijos, también de nombre Enrique.
Nos tomamos un coctel de pastillas molotov, si no nos hizo a tu mamá y a mí daño, un tiro a cada uno con la 25 Quique”, tu papi.
Fuentes cercanas a la investigación del caso explicaron que la nota estaba dirigida a un hermano de Mireya, y presuntamente no tenía conocimiento de los planes de sus padres y de su hermana.
Mireya denunció en octubre pasado, con Francisco Zea, en Imagen Televisión, que su niño comenzó a mostrar signos de violencia sexual desde los tres años.
La sustancia que ingirieron aún es desconocida. El mismo medicamento fue suministrado a los menores. La decisión del suicidio se habría tomado tras el resultado desfavorable de un juicio de guarda custodia con el exesposo de Mireya.
El hecho ocurrió la noche del martes y los cuerpos fueron hallados por un empleado de la familia, que fue contactado por Enrique, luego de que éste estuvo marcando por teléfono y nunca le contestaron.
Dentro del domicilio, en San Bernabé 907, San Jerónimo Lídice, delegación Magdalena Contreras, yacían los cuerpos de Emiliano, de nueve años, y las gemelas Arantza y Regina, de seis.
Ahí estaban también los cuerpos de la mamá de los menores, Mireya, y del abuelo, Enrique, de 70 años. La abuela, Rosa María, de 60, sobrevivió. Al cierre de esta edición aún estaba grave.
En los cuerpos de los menores había una biblia acomodada entre sus manos.
Enrique, hermano de Mireya, explicó que hace año y medio ella terminó su relación conyugal con Leopoldo Olvera Villa, a quien acusó de hacerle tocamientos a las niñas, lo cual no fue comprobado por las autoridades.
Médicos del Instituto de Ciencias Forenses establecieron el deceso como congestión visceral generalizada, por lo que solicitaron estudios histopatológicos y de sangre para toxicológicos, y determinar la sustancia que ingirieron. Ya se les practicó la necropsia.

Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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