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México

Madres de desaparecidos descubren siete fosas clandestinas en Veracruz

Colectivos de madres que buscan a sus hijos desaparecidos localizaron siete fosas clandestinas, con un número indeterminado de restos humanos, en el estado de Veracruz, uno de los más golpeados por la violencia del crimen organizado.

Los hallazgos fueron efectuados en las últimas 24 horas, en inmediaciones de un terreno ubicado en la zona norte de la ciudad de Veracruz, donde opera un importante puerto de altura, informó este martes a la AFP Marcela Zurita Rosas, una de las participantes en estas brigadas de búsqueda.

«El lunes encontramos tres fosas con huesos y este martes se encontraron otras cuatro que son puntos positivos donde hay restos de personas que fueron asesinadas”, dijo Rosas, integrante del colectivo El Solecito que forman madres de Veracruz que se cansaron de esperar que las autoridades busquen a sus seres queridos.

El predio donde se realizó la búsqueda, en el que en 2015 se localizaron cinco cadáveres decapitados, permanece custodiado por la Policía Federal mientras que la Policía Científica se encarga de la cadena de custodia de los restos encontrados.

«La Policía Científica se está llevando los restos a la Ciudad de México, en donde serán analizados para que se determinen sus perfiles genéticos”, dijo Zurita al manifestar su esperanza de que se identifiquen los restos para que “muchas familias encuentren a sus hijos y les puedan dar sepultura”.

Esta mujer, que ha recibido capacitación en antropología forense y técnicas de búsqueda, busca a su hijo Dorian Javier Rivera Zurita, desaparecido en Córdoba, Veracruz, en octubre de 2012.

Según un policía que participa en la investigación, entre los restos, muchos de ellos en pedazos, se han encontrado al menos dos personas.

Estos trabajos se realizan en el marco del segundo periodo de la Brigada Nacional de Búsqueda y Localización, en el que participan distintos colectivos en diferentes estados del país.

La zona donde las madres realizan la búsqueda es escenario de disputas entre los cárteles de los Zetas y Jalisco Nueva Generación por el control de las rutas de las drogas y el robo de combustible.

Las fosas clandestinas para ocultar los restos de víctimas del crimen organizado se han multiplicado por todo México a la par de la ola de violencia que ha dejado más de 166 mil muertos y más de 27 mil desaparecidos en México desde diciembre 2006, según cifras oficiales del gobierno federal.

Las autoridades no detallan cuántos de estos crímenes están relacionados con el narcotráfico.

Uno de los casos que más indignación ha causado en Veracruz es la desaparición en enero pasado de cinco jóvenes, entre ellos una menor, que fueron detenidos por policías para luego ser entregados a narcotraficantes, quienes los habrían asesinado, incinerado y sus restos triturados en un molino.

Zócalo/AFP

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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