El presidente Nicolás Maduro se dijo dispuesto a ir a una «lucha armada continental» si se intenta un golpe de Estado o se trata de «quebrar» a Venezuela. «Se acabaría la paz en este continente», advirtió Maduro durante su discurso desde el Tribunal Supremo de Justicia, donde presentó su mensaje anual de gestión .La semana pasada, Maduro acusó a la mayoría opositora del Congreso de promover un golpe de Estado en Venezuela al aprobar una declaratoria de abandono del cargo del mandatario por el supuesto incumplimiento de sus funciones constitucionales. Desde que asumió el gobierno en 2013 el presidente ha denunciado varios complots y planes desestabilizadores.
Maduro ratifica compromiso de diálogo con opositoresEl Ejecutivo creó la semana pasada un «comando antigolpe» y varios opositores fueron detenidos acusados de promover acciones desestabilizadoras. La alianza opositora y la cúpula de la Iglesia católica local rechazaron las detenciones y señalaron al gobierno de promover una persecución contra los sectores disidentes.Maduro aprovechó un discurso que se extendió por casi cinco horas para criticar la decisión tomada el viernes por su homólogo estadunidense, Barack Obama de extender la vigencia de la acción ejecutiva que declara a Venezuela una amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.El gobernante indicó que esta decisión deja abierta una «puerta peligrosa» que podría ser utilizada para intentar una «agresión militar» contra el país suramericano.Maduro lamentó no haber entregado su informe anual de gestión al Congreso y añadió que el país enfrenta una «circunstancia excepcional» en materia económica por lo que aprobó, por segundo año consecutivo, un decreto de emergencia económica.
Por otra parte, el presidente admitió que la abrupta caída de los ingresos llevó al país a una situación económica «difícil» y «compleja» que aún se está superando, y dijo que a pesar de ello se dio un «milagro de Dios, milagro de la revolución», porque no cerraron centros educativos ni se despidieron empleados públicos.
Asimismo, Maduro anunció que decidió extender hasta el 20 de febrero la vigencia de los billetes de 100 bolívares, que temporalmente sacó de circulación el mes pasado y luego retornó a la economía tras protestas callejeras violentas. Reiteró que partir de mañana comenzarán a circular nuevas denominaciones de papel moneda, que incluyen los billetes de 500, 5 mil y 20 mil bolívares.
En su alocución, Maduro se quejó del contrabando de gasolina y otros productos hacia territorio colombiano, y anunció que Caracas se «reserva las acciones internacionales ante todos los organismos» por la «violación» de las leyes del comercio y la «promoción» del contrabando de combustible hacia Colombia. «Ya basta de agresiones de Bogotá y de la oligarquía colombiana contra Venezuela», dijo el mandatario. Precisó que a partir del lunes se abrirán casas de cambio en la región fronteriza, del lado venezolano, y próximamente se instalarán tiendas en las que se venderán productos en pesos colombianos.
Como medida económica para proteger a los trabajadores, Maduro anunció que se exonerará del pago del Impuesto Sobre la Renta a las personas que reciban ingresos anuales por debajo de 6 mil unidades tributarias. Luego de ser por más de medio siglo la instancia encargada de recibir el informe anual de gestión del mandatario, tal como lo establece la constitución, el Congreso venezolano perdió otra de sus atribuciones por decisión de la Corte, que es señalada de estar controlada por el gobierno y que autorizó la semana pasada a Maduro a presentar su discurso ante los magistrados. El académico y abogado José Vicente Haro afirmó que la decisión de Maduro de presentar su informe anual al Tribunal Supremo hace «más compleja» la situación política y constitucional del país, y recordó que «sólo en dictaduras» los gobernantes se abstuvieron de ir al Congreso a informar sobre su gestión.
Haro dijo que estas acciones del oficialismo están orientadas a «desconocer absolutamente» la Asamblea Nacional y avanzar hacia «disolver de facto» el Poder Legislativo. Desde que la mayoría opositora asumió a comienzos del 2016 el control del Congreso, que por 17 años estuvo en manos del oficialismo, se desató una pugna entre los poderes públicos que ha subido de intensidad en los últimos meses a pesar de la mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición que se instaló en octubre pasado bajo el apoyo del Vaticano y un grupo de ex presidentes extranjeros.
Campos de detención: el terrible plan de Trump contra los migrantes
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender las alarmas en el ámbito migratorio al adelantar un plan que, de concretarse, marcaría un giro radical en la política de deportaciones de Estados Unidos. Sus recientes declaraciones apuntan a la creación de un sistema masivo de detención y expulsión, respaldado por el ejército, lo que ya ha generado controversia entre expertos, activistas y políticos de todas las esferas.
Una emergencia nacional para deportaciones masivas
Trump, quien regresará a la Casa Blanca en 2025, reafirmó en la plataforma Truth Socialque su administración estaría preparada para declarar un estado de emergencia nacionalcon el objetivo de enfrentar lo que ha llamado «una invasión permitida por Joe Biden».
Esta declaración se suma a los comentarios de Tom Fitton, director de la organización conservadora Judicial Watch, quien sugirió que se utilizarían recursos militares para implementar un programa de expulsiones masivas. El expresidente respondió tajantemente: «¡Es verdad!».
El alcance de este plan incluye el despliegue de la Guardia Nacional y, si es necesario, tropas federales. «La Guardia Nacional debería ser capaz de encargarse de las deportaciones; si no, usaría el ejército», afirmó Trump en una entrevista con Time en abril.
Durante su presidencia, Trump endureció significativamente las políticas migratorias, pero sus nuevas propuestas revelan un nivel de agresividad sin precedentes. A esto se suma, la idea de establecer «campos de detención» en Texas, en donde se albergaría a los migrantes antes de ser deportados.
Texas ofrece tierras para la construcción de campos de detención masiva
La comisionada de la Oficina General de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, ha propuesto una medida que podría convertirse en el primer paso hacia la creación de campos de detención en la frontera sur de Estados Unidos.
En una carta dirigida al presidente electo Donald Trump, Buckingham ofreció al gobierno 567 hectáreas de tierra ubicadas en el condado de Starr, cerca de Rio Grande City, para la construcción de instalacionesdestinadas a procesar, detener y deportar a migrantes de manera masiva.
Este terreno, que actualmente se utiliza para cultivos agrícolas como cebollas, canola y maíz, sería destinado a albergar campos de detención, una propuesta que ha generado gran controversia en medio del debate migratorio.
Buckingham destacó que la Oficina General de Tierras de Texas está lista para colaborar con el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias federales para hacer realidad este proyecto, el cual se alinea con los planes de Trump para reforzar las políticas de deportación y control fronterizo.
Sheinbaum reacciona a deportaciones masivas y campos de detención
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su desacuerdo con laspolíticas migratorias propuestas por Donald Trump, especialmente en relación con la posible deportación masiva de migrantes y la construcción de campos de detención en la frontera sur de Estados Unidos.
Durante su conferencia de prensa mañanera, Sheinbaum destacó que su gobierno no acepta que los migrantes sean tratados como criminales, subrayando que existen instituciones de justicia para abordar estos temas de manera adecuada.
«Primero, evidentemente no estamos de acuerdo en que se trate a los migrantes como criminales, para eso existen las instituciones de justicia en cualquier lugar del mundo», afirmó la mandataria, quien también enfatizó la relevancia de la contribución de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos.
En este sentido, Sheinbaum detalló que su administración tiene cuantificados los beneficios que estos migrantes aportan al país vecino, tanto a nivel laboral como en términos de impuestos.
Como parte de las preparaciones para un posible cambio de administración en Estados Unidos, Sheinbaum informó que su gobierno trabaja en un plan para enfrentar la eventualidad de deportaciones, asegurando que, en caso de que se den, México está listo para recibir a los connacionales deportados.
«En caso de que hubiera deportaciones nosotros vamos a recibir a las y los mexicanos, tenemos un plan para ello, pero vamos a trabajar previo a ello que no tienen por qué deportarse a nuestros connacionales, que al contrario, benefician incluso la economía de Estados Unidos», añadió.
Además, la mandataria anunció que, en los próximos días, se celebrará una reunión con su gabinete para definir los temas clave que se tratarán con el equipo de Trump una vez que este asuma la presidencia, entre los que se incluyen la seguridad, el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como cuestiones culturales y de amistad bilateral.