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Política

Maduro anuncia que controlará las redes sociales

El gobierno del presidente Nicolás Maduro anunció el lunes que el organismo regulador del sector de telecomunicaciones controlará las redes sociales con una severidad semejante a la que ha mostrado desde hace casi dos décadas con las estaciones de radio y televisión del país.

El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, indicó que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) buscará controlar e impedir las intenciones de “sembrar el odio” en las redes sociales usando instrumentos tecnológicos que no precisó.
El anuncio se produjo luego de una reunión para promover la llamada “Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia” promulgada la semana pasada mediante un decreto-ley de la Asamblea Constituyente, la cual está integrada en su totalidad por aliados del presidente Maduro y que la oposición considera ilegítima.

Cabe resaltar, que la ley fue solicitada por el mandatario para poner fin a los supuestos mensajes de odio, intolerancia y racismo que presuntamente esgrimen los adversarios del gobierno.

Maduro sostiene que ese tipo de mensajes desencadenaron las protestas antigubernamentales que entre abril y julio dejaron más de 120 muertos en todo el país.

Los partidos opositores, empero, afirman que la ley busca criminalizar la protesta pacífica.

El presidente de la Asamblea Nacional, el diputado opositor Julio Borges, rechazó la ley después de su promulgación la semana pasada, y afirmó que los aliados del gobierno “buscan generar miedo, quieren castigar al venezolano por decir lo que piensa, por denunciar los abusos, las violaciones a los derechos humanos. Eso no es promover el odio”.

La Conatel tiene un control muy estricto sobre los medios de comunicación radioeléctricos en comparación con otros países.

Como parte de sus atribuciones, ha ordenado la suspensión y la aplicación de multas millonarias a medios a los que ha acusado de emitir mensajes que incitan o promueven el odio, o llaman al desconocimiento de las autoridades. En la mayoría de esos casos ha responsabilizado directamente a los propietarios de los medios por los comentarios hechos por los entrevistados en distintos programas de opinión.

La presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez, resaltó que la ley pretende desincentivar cualquier práctica de intolerancia.

La ley contempla penas de hasta 20 años de cárcel, y fija multas para los responsables jurídicos de redes sociales y medios electrónicos que no retiren en un plazo de seis horas los referidos mensajes.

También señala que cualquier medio de radio y televisión que difunda mensajes que _según las autoridades_ constituyan propaganda a favor del odio racial, religioso o político, entre otros, será sancionado con la revocación de su concesión.

Dinero

Sheinbaum asegura que Grupo Salinas pagará 26 mil millones de pesos con nueva Corte: “Ya no habrá favores”

Ciudad de México.— La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió este jueves que Grupo Salinas, conglomerado empresarial del magnate Ricardo Salinas Pliego, deberá saldar su deuda fiscal con el gobierno federal, y aseguró que con la llegada de nuevos ministros a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya no habrá margen para favores ni dilaciones.

Durante su conferencia matutina, la mandataria vinculó directamente las recientes críticas del empresario y sus medios contra la reforma al Poder Judicial con la negativa histórica de Grupo Salinas a cubrir los adeudos que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha exigido desde hace más de una década.

“Van a pagar los impuestos, porque no creo que la Corte de los ministros que están ahora se vaya a atrever a hacer algo en contra del pueblo de México”, declaró Sheinbaum, al referirse a los casos que se mantienen pendientes en el máximo tribunal del país y que, aseguró, han sido retrasados por vínculos entre el grupo empresarial y algunos magistrados salientes.

Según expuso Grisel Galeano, procuradora fiscal de la Federación, las empresas de Salinas Pliego —incluidas Elektra y TV Azteca— adeudan en total más de 74 mil millones de pesos al erario. De esa suma, hay tres casos activos ante la SCJN por un total de 26 mil millones de pesos, algunos con procesos legales iniciados desde 2008, 2010 y 2013.

La procuradora detalló que, para evitar un fallo definitivo en su contra, el consorcio ha interpuesto hasta 29 recursos legales, lo que ha permitido extender el litigio por más de 16 años. “Ha habido una estrategia clara de obstrucción judicial. Pero confiamos en que con la renovación de la Corte se acabará ese ciclo de protección”, dijo Galeano.

Sheinbaum agregó que la red de influencias tejida por Salinas Pliego en el Poder Judicial permitió durante años un “aletargamiento deliberado” de los expedientes, lo que favoreció a su grupo empresarial en detrimento de la hacienda pública. “Era la injusticia llevada a su máxima expresión”, subrayó.

El pasado 19 de junio, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa negó el amparo a Grupo Elektra para evitar el pago de 2 mil millones de pesos por concepto de impuestos al SAT, en uno de los múltiples casos que enfrenta el consorcio. Ante esa resolución, Salinas Pliego calificó el fallo como “un acto ilegal”.

El enfrentamiento entre el gobierno federal y uno de los empresarios más poderosos del país se agudiza en un contexto de reformas profundas en el sistema judicial mexicano, las cuales buscan modificar la manera en que se eligen jueces y ministros, así como fortalecer la rendición de cuentas del Poder Judicial.

La presidenta reiteró que el objetivo es garantizar que “nadie esté por encima de la ley, ni siquiera quienes por años utilizaron el sistema judicial como escudo fiscal”. Y concluyó: “Se acabaron los privilegios. En México se va a pagar lo que se debe, como debe ser”.

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