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Maduro anuncia reforma monetaria ante ‘voraz inflación’

Venezuela eliminará tres ceros a la moneda local y circularán nuevos billetes a partir de junio, anunció el jueves el presidente Nicolás Maduro, en una medida que busca solventar la escasez de efectivo ante la voraz inflación que vive la nación petrolera.

Esta reconversión monetaria ocurre una década después de que el fallecido presidente Hugo Chávez, líder de la revolución bolivariana y mentor de Maduro, también borró tres ceros al bolívar e introdujo una nueva familia de billetes que bautizó como «bolívares fuertes» para enfrentar la escalada de precios.

«Está lista la reconversión monetaria (…), la defensa del bolívar que ahora pasaremos a catalogar como el bolívar soberano», dijo Maduro frente a ministros y banqueros en un acto en el palacio presidencial de Miraflores transmitido por el canal de televisión estatal.

«Hay quienes plantean dolarizar la República. No, Venezuela no será colonia del dólar. Vamos a defender el bolívar, vamos a defender al petro», afirmó en alusión a la propuesta hecha por Henri Falcón, su principal rival en las elecciones presidenciales de mayo, de detener en seco la hiperinflación abandonando la moneda local.

A partir del 4 de junio entrará en circulación un nuevo cono monetario que incluirá monedas de 50 céntimos y un bolívar, además de un conjunto de billetes con denominaciones desde dos bolívares hasta 500 bolívares, informó el mandatario al ir mostrando en vivo el nuevo diseño de los «bolívares soberanos».

El efectivo que circula en el país no alcanza para atender la demanda de los venezolanos, que se refugian en pagos electrónicos para intercambiar bienes, aún después de que meses atrás el gobierno emitió el billete de 100 mil bolívares.

Maduro en 2016 llegó a sacar de circulación por unos días el billete de 100 bolívares, acusando al gobierno colombiano de impulsar el contrabando de papel moneda para causar caos, pero ante la falta de efectivo terminó retrasando la medida.

Ante la carencia de cifras oficiales, el Congreso liderado por la oposición creó una medición que muestra que por primera vez el país enfrenta una hiperinflación, la cual comenzó a fines de 2017 y se refleja en una subida de precios de 6 mil 147 por ciento interanual hasta febrero.

El gobierno socialista asegura ser víctima de una guerra económica que busca socavar una economía en recesión desde hace cinco años y acusa a mafias en Colombia y en Estados Unidos de debilitar la moneda local al inflar el precio del dólar no oficial, usado como referencia en el país.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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