Docentes, médicos, enfermeras, secretarias, auxiliares, contadores y supervisores serán parte de los 10 millones de mexicanos que a partir de 2017 deberán presentar su declaración 3de3, como parte de sus obligaciones para demostrar que no incurren en actos de corrupción.
Según cálculos del grupo parlamentario del PRD en el Senado, el número de servidores públicos de los tres niveles de gobierno, desde los dos mil 458 municipios, las 32 entidades federativas y la Federación, así como de los tres Poderes de la Unión, que son los 33 ejecutivos, los 33 Congresos y todas las instituciones del Poder Judicial, suman 10 millones.
Pero además de incluir los ingresos que reciben por su trabajo en el Estado, los servidores públicos que también realizan actividades privadas deberán incluir todos sus ingresos, como ocurre con los médicos, pues gran parte de los que trabajan en las instituciones públicas como la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE, también dan consultas privadas.
De hecho, 80% de sus ingresos provienen de esa actividad privada, de acuerdo con las estadísticas del Inegi.
Aunque no existen cifras que demuestren un fenómeno similar en gremios como los maestros, también hay un grupo importante de mentores que trabaja en el sistema educativo público y también imparte clases en escuelas privadas, principalmente en los niveles de preescolar y secundaria.
Las nuevas disposiciones tendrán un año para entrar en vigor, porque se necesita diseñar la tecnología para que puedan hacerse públicas las declaraciones patrimoniales y de intereses, así como para tener en orden el registro de las declaraciones fiscales.
Incluyen a absolutamente todos los servidores públicos, desde los que ganan dos mil pesos al mes hasta los altos funcionarios que tienen ingresos superiores a los 100 mil pesos mensuales.
Plataforma digital a detalle
Una de las leyes que entrará en vigor una vez que esta semana el Congreso de la Unión procese el veto presidencial a 15 artículos, dispone que “la plataforma digital del Sistema Nacional estará conformada por la información que en ella incorporen las autoridades integrantes del mismo y contará, al menos, con el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de prestación de declaración fiscal.
También deberá tener el sistema de los servidores públicos que intervienen en procedimientos de contrataciones públicas; el sistema nacional de servidores públicos y particulares sancionados; el sistema de información y comunicación del Sistema Nacional y del Sistema Nacional de Fiscalización; el sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción y el sistema de Información Pública de Contrataciones.
Añade que absolutamente todos los servidores públicos deberán presentar sus tres declaraciones, porque serán parte del Sistema de Evolución Patrimonial.
“En el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y de constancias de presentación de la declaración fiscal de la plataforma digital nacional, se inscribirán los datos públicos de los servidores públicos obligados a presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses. De igual forma, se inscribirá la constancia que para efectos de esta ley emita la autoridad fiscal, sobre la presentación de la declaración anual de impuestos”, ordena.
De esta forma, la plataforma de difusión del patrimonio y los intereses de los servidores públicos, que estará a disposición de todo el público, implicará un volumen de información inédito, al involucrar a 10 millones de personas.
Excelsior
