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Manifestantes anuncian la ‘madre de todas las marchas’ en Nicaragua

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Los manifestantes «autoconvocados» de Nicaragua se citaron este miércoles para participar en la «madre de todas las marchas» en Managua, en la que pretenden reunir cientos de miles de personas, en apoyo de las 83 mujeres cuyos hijos murieron durante las protestas contra Daniel Ortega desde el pasado 18 de abril.

La marcha fue programada este miércoles a propósito de que hoy se celebra en Nicaragua el Día de las Madres, una de las celebraciones más llamativas del año en el país centroamericano, que esta vez no se reflejó en la oferta comercial nicaragüense.
Además de las madres que perdieron para siempre a sus hijos, más de 868 ahora mismo curan sus heridas y una cantidad desconocida tiene a sus familiares desaparecidos, según organizaciones humanitarias.

En un informe sobre la crisis sociopolítica presentado ayer miércoles, el movimiento Amnistía Internacional culpó al Gobierno de Ortega de implementar y mantener una estrategia de represión «en ocasiones intencionalmente letal».

El movimiento internacional también señaló que «no solo se privó arbitrariamente de la vida en el marco de la protesta y del uso excesivo de la fuerza, sino que además considera que con base en el patrón identificado, un elevado número de casos podrían considerarse ejecuciones extrajudiciales».
Nicaragua atraviesa una crisis sociopolítica que comenzó el 18 de abril con protestas contra medidas de la seguridad social y que continuó debido a la muerte de decenas de personas por los actos de represión.

La mayoría de las víctimas son estudiantes universitarios, y la causa más frecuente de muerte fue por disparos certeros en la cabeza, cuello y torso, por lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no descartó que el Gobierno de Nicaragua haya realizado «ejecuciones extrajudiciales».

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Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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