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Opinión

Manifiesto Pedagógico Por Eduardo José Macías Aceves

Manifiesto Pedagógico

(Por Eduardo José Macías Aceves)

El gobierno de México por medio de su Secretaria de Educación Pública a través del plan sectorial 2013 -2018 Propone (Camufla) una tendencia reduccionista en relación a los objetivos de la educación primaria.

Establece que la educación integral es un derecho establecido en al artículo 3ro de la constitución mexicana y que “El quehacer educativo habrá de nutrirse de corrientes filosóficas, humanistas y sociales.”. Señala también que “para aspirar a la educación de calidad que deseamos, la educación debe ser integral.” Hasta este momento, el plan sectorial se presenta acorde a una educación integral:

¿Entonces donde radica el problema?

Según juicio del autor de este manifiesto “El problema radica en su mayor parte en casa uno de los eslabones de la cadena educativa”, pero ese es un tema en el que no vamos a incursionar en este escrito.

El asunto en que los enfocamos es el de la evaluación. No solamente la evaluación en México a nivel primaria es monótona y repetitiva. Sino sumamente cuestionable En México el estudiante es calificado en mayor parte en base a exámenes enfocados a la retención de información y no, al proceso de aprendizaje, Diversas inteligencias como lo son la visual, kinestésica o auditiva. (El examen escrito estimula generalmente la inteligencia visual exclusivamente), procesos cognoscitivos del más alto nivel que presenta Bloom en su taxonomía, como lo son comparar y discriminar entre ideas, valorar teorías y presentaciones, escoger con base en argumentos, verificar el valor de una evidencia, reconocer subjetivamente, juzgar basado en criterios preestablecidos del dominio socio afectivo y las relaciones interpersonales.

 

 

Siendo este último concepto el área de interés. Un área que, Esta explícitamente relacionada en el día a día de cualquier persona siendo las relaciones humanas y su naturaleza integral sumamente relevante en el desempeño escolar, laboral y personal de todos los ciudadanos. Qué no hayan decidido subir al monte y hacerse participe de una vida semita.

Para resolver este problema propongo recurrir al enfoque humanista. El humanismo pedagógico en específico, este se basa en parte del existencialismo, según Jean Paul Satre existencialismo es un humanismo según explica en su obra con el mismo título (1946)

Necesitamos entender que el ser humano es un ser integral, siendo la problemática del humanismo la explicación de los procesos integrales de la persona, específicamente su relación con el medio social que la rodea. Bugental (1965) y Villegas (1986) Proponen dentro de sus postulados fundamentales:

“El hombre es un ser en contexto humano. Vive en relación con otras personas y esto constituye una característica inherente de su naturaleza”

Por lo tanto es vital que esta característica del ser humano sea considerada un área de oportunidad para avanzar hacia una formación integral en el la educación actual, la capacidad del ser humano para relacionarse con los demás debe ser no precisamente el centro, pero una parte igualmente importante de la formación académica a la par de la información adquirida y las competencias relacionadas

Es relevante recalcar la capacidad que posee el ser humano para tomar sus propias decisiones. Bugental (1965) y Villegas (1986) dentro de sus postulados establecen:

 

“El hombre tiene facultades para decidir. El ser humano tiene libertad y conciencia propia para tomar sus propias elecciones y decisiones, por tanto es un ente activo y constructor de su propia vida. “

Este apartado es de suma importancia ya que las personas toman decisiones por los alumnos todo el tiempo, retirando su derecho de libre albedrío, decidiendo que es mejor y que no para los niños que tienen a cargo , es lógico que esto suceda y no es mi propuesta que se retire el adulto responsable de los niños, más sin embargo , considero que el sistema educativo promueve una convivencia autoritaria con el alumno y limita las materias y temas que se ven en clase en un rango muy general y específico pero no inclusivo con materias de arte, como lo son, música, danza, teatro. etc. Deporte, como atletismo, béisbol etc. Actividades que, aunque se contemplen como talleres o actividades extracurriculares, al no contar con puntos dentro de la matrícula estudiantil desmotivan a los estudiantes a decidir inclinarse por alguna actividad que pudiese ser de su agrado o más importante aún, su profesión, su proyecto de vida.

Según Patterson (1973), dentro de los objetivos de la educación humanista se debe dar oportunidad para que los estudiantes realicen evaluación interna. Este manifiesto invita a que se considere la opción autoevaluativa en las escuelas y que aunque no posea un impacto en las calificaciones del niño directamente, si se vea envuelta dentro de las consideraciones que el maestro tome en cuenta a la hora de calificar al estudiante Específicamente en este caso, el cómo y en base a que se evalúa al mismo.

Dejando que el alumno rellene una plantilla autoevaluativa, refiriéndose al tiempo y esfuerzo que dedico al trabajo, tarea, examen que realizo. Evaluando no solo el área de conocimientos adquiridos por medio de la memoria sino, su capacidad de comparar y discriminar entre ideas, escoger con base en argumentos, reconocer subjetivamente, entre otros y dejando que el alumno proponga una manera en que quiere ser evaluado ya sea de manera oral, escrita , practica entre otras.

En resumen la educación debería impulsar estas capacidades inherentes que poseen todos los seres humanos, la capacidad para relacionarse, la capacidad para realizar una evaluación de su propio esfuerzo y la facultad de decidir qué es lo que quiere hacer con su vida, respetarlas y fomentarlas en la medida de lo posible, llevando al niño por un tronco común de información, incluyendo las materias a la curricula, dejando que el niño decida y prueba las diversas actividades ,actualmente extracurriculares, otorgándole importancia a su decisión colocando créditos a esas materias dentro de una matrícula controlada dando oportunidad de crecimiento y capacitándolo lo más posible para tomar una decisión acertada que impactara sobre su vida en la adultez

Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.

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