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México

‘Marichuy’ está fuera de peligro tras accidente en Baja California Sur: CNI

María de Jesús Patricio Martínez, aspirante a una candidatura independiente a la presidencia de la República, «tuvo fractura de brazo e inflamación de la cabeza encontrándose estable», reporta está madrugada, el Congreso Nacional Indígena (CNI) en sus redes sociales.

Los integrantes de la caravana del Consejo Indígena de Gobierno (CIG) y redes de apoyo sudcalifornianas que viajaban en un vehículo que sufrió una volcadura en la carretera Federal número 1, entre San Ignacio y Vizcaino, a la altura del municipio de Mulegé en Baja California Sur, fueron atendidos en el Hospital 5 del Instituto Mexicano del Seguro Social de Guerrero Negro, precisa el organismo en un comunicado emitido poco después de la medianoche donde agrega que «en este momento se trasladan en dos helicópteros de la Fuerza Armada Mexicana, con destino al Hospital de Salvatierra en la ciudad de La Paz».
El concejal del pueblo cochimi, Francisco Grado, informa el CNI, «se encuentra grave con fractura torácica, de pelvis y lesiones craneoencefálicas».

La concejala kumiai, Lucero Yslava Meza, presenta contusiones, lo mismo que Juana Villa Poblano, delegada comichi del CNI. Carlos González y Oscar Espino de la coordinación del Consejo Indígena de Gobierno presentan lesiones leves.

Del grupo de apoyo al CNI, CIG y su vocera de Baja California Sur viajaban en la camioneta accidentada Lorena Moreno Gómez, quien resultó con contusiones y Ramona Avilés Aviña, quién presenta múltiples fracturas.

Antonio Diego Fernández Rosada de la Red Sudcaliforniana de Apoyo al CIG y quien conducía la camioneta resultó con lesiones leves.

El CNI confirma que Eloísa Vega Castro, de la Red Sudcaliforniana de Apoyo al CIG, perdió la vida en el accidente.

Por lo anterior, anuncia el Congreso Naciona Indígena, «nuestra compañera y vocera Marichuy suspende el recorrido que se tenía agendado».

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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