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México

Más agua a EU.

En septiembre pasado, cuando las lluvias atípicas permitieron el llenado de las presas del estado de Chihuahua, México entregó la mayor cantidad de agua del río Bravo a Estados Unidos desde que, en octubre de 2020, empezó el presente quinquenio marcado por el tratado internacional de 1944.

De acuerdo con la estadística de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), en ese mes se cedieron 185.7 millones de metros cúbicos (Mm3), cantidad superior a los 139.4 Mm3 que se habían entregado entre octubre de 2020 y hasta agosto de este año.

En comparación, en agosto pasado el pago fue de 51.8 Mm3 y de sólo 2.7 en julio, mientras que en septiembre de 2021 fue de 1.9 Mm3.

“Obedeció básicamente a los derrames de las presas (de Chihuahua) que finalmente llegaron al Bravo”, dijo ayer a este medio Jesús Luévano, secretario de la Sección Mexicana de la CILA, cuestionado por el motivo del aumento en septiembre.

“Las presas que derramaron fueron las Vírgenes y Pico del Águila (…) y propiciaron que se llenara la Luis L. León (El Granero) y todos los excedentes de la L. León se extrajeron y se fueron al río Bravo”, agregó el funcionario.

El quinquenio que corre, y al cabo del cual México debe entregar al vecino país un total de dos mil 158.5 Mm3, inició en octubre de 2020, luego de que en septiembre de ese año se registró en el Distrito de Riego 005 –en la región de Delicias– un conflicto entre agricultores y el Gobierno federal por el agua de la presa La Boquilla, que debió –de acuerdo con la información oficial– destinarse al tratado.

El volumen entregado hasta ahora, sin embargo, sigue por debajo del promedio anual que indica la obligación internacional –de 431.7 Mm3–, ya que en los dos años que van de octubre de 2020 y hasta el pasado martes 18 del presente mes se habían abonado sólo 364.3 Mm3 en total.

“Tenemos un retraso en las entregas de prácticamente un año; sí nos ayuda (la lluvia atípica del pasado verano), pero no alivia la situación”, dijo Luévano.

“Llevamos dos años del nuevo ciclo y no hemos entregado lo que corresponde a un año en total; nos ayuda a lidiar la situación, porque teníamos los dos años más bajos que tengamos en registro”, agregó.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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