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México

Matan a balazos a Joaquín Martínez, alcalde de Chahuites, Oaxaca

El político pertenecía al Partido Verde Ecologista de México, que lamentó la anoticia en redes sociales.

Oaxaca. –  Sujetos desconocidos mataron a balazos al alcalde de Chahuites, Joaquín Martínez López, en el estado de Oaxaca, en medio de la creciente ola de violencia política en el país por las elecciones del 2 de junio, con al menos una decena de candidatos asesinados.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) expuso en un comunicado este lunes que Martínez López estaba frente a su domicilio, en el Barrio Guachaco, cuando personas no identificadas «lo agredieron a balazos» durante la madrugada, por lo que falleció durante el traslado para recibir atención médica.

“Se inició una carpeta de investigación por la comisión del delito de homicidio calificado, luego de la agresión en la que perdió la vida una persona del sexo masculino identificada por las iniciales J. M. L., quien se desempeñaba como presidente municipal de Chahuites, en el Istmo de Tehuantepec”, escribió el organismo en redes sociales.

«A partir de la información preliminar recabada por la FGEO, se establecieron sólidas líneas de investigación con el objetivo de dar con el paradero de quien o quienes resulten responsables», puntualizó la Fiscalía.

Fiscalía de Oaxaca confirma muerte del alcalde de Chahuites | 
Fiscalía General del Estado de Oaxaca 

La víctima era miembro del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aliado del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

«Lamentamos profundamente el crimen perpetrado en contra del presidente municipal de Chahuites, Joaquín Martínez López; he pedido a la Fiscalía del Estado una investigación a fondo para esclarecer los hechos y castigar a los responsables», escribió el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, en su cuenta de X.

Los hechos ocurren en medio de la ola de violencia por las elecciones del próximo 2 de junio, con al menos 10 candidatos o aspirantes asesinados en el primer bimestre del año, según ha documentado la organización Data Cívica.

Tan solo en febrero, hubo 36 asesinatos al considerar también a funcionarios públicos y familiares de los políticos, detalló el informe ‘Votar entre balas’.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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