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México

Mataron a 20 mil 525 en 2015; Guerrero lidera lista, tiene la tasa más alta

De acuerdo con los datos preliminares a nivel nacional de los homicidios registrados en México, revelados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 20 mil 525 personas murieron por este concepto durante 2015.

Las cifras del Inegi aseguran que se cometió una proporción de 17 homicidios por cada 100 mil habitantes, tasa que es igual a la misma registrada durante 2014.

El Inegi también proporcionó los datos de los homicidios registrados a nivel nacional desde 2008, en las que se observa que el periodo más violento para México fue en 2011, año en el que el país sumó 27 mil 213 homicidios.

A partir de 2011 se observó una disminución de seis mil 688 homicidios en cinco años, lo que representa una reducción de hasta 24 por ciento.

Sin embargo, entre 2014 y 2015 hay un ligero pico de elevación en los homicidios, puesto que pasaron de 20 mil 010 a 20 mil 525 , es decir, crecieron 2.5 por ciento.

En relación con los homicidios registrados el año pasado, el despliegue proporcionado por la dependencia especifica que Guerrero fue la entidad federativa con la mayor tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, con 67, cifra que creció en 18 unidades en tan sólo un año.

Entre las tasas más elevadas también figuran Chihuahua, Sinaloa, Colima y Baja California, con 42, 36, 31 y 24, respectivamente.

En relación con el número de defunciones registradas a causa de este delito durante el año pasado, el Estado de México tiene la cantidad más elevada con dos mil 671, seguido de Guerrero (dos mil 402); Chihuahua tiene mil 541; Jalisco contabilizó mil 229 y Sinaloa, que sumó mil 89 homidios.

El Estado de México, a pesar de ser el que más homicidios contabilizó, presenta una disminución de 640 defunciones por este delito entre 2013 y 2014 (19%) y una diferencia de 237 unidades con respecto al año pasado.

Por el contrario, Guerrero, que es el segundo lugar de la tabla con mayor número de homicidios, elevó su su cifra en 673, puesto que pasó de contabilizar mil 729 en 2014, a tener dos mil 402 en 2015.

Otro estado que tiene una notable reducción es Chihuahua, que alcanzó a registrar en su punto más alto, según los datos del Inegi, la cantidad de seis mil 407 homicidios en 2010, para reducirlos hasta mil 541 en 2015, lo que representa una disminución de 75.9 por ciento.

Finalmente, la entidad con menor cantidad de homicidios es Aguascalientes, que tiene 45, incidencia que mantiene desde 2012.

ONG: cárteles, detrás de asesinatos

En el primer semestre de 2016 aumentaron los homicidios y las ejecuciones a nivel nacional y se incrementó la violencia debido a las agresiones generadas por la lucha de plazas por parte del crimen organizado.

Así lo reveló la organización civil, Semáforo Delictivo, al presentar su informe semestral sobre la seguridad en México.

“Este semestre ha subido el homicidio un 16%; las ejecuciones del crimen organizado al rededor de un 33%; el robo de auto un 1% y las violaciones un 6%, lo demás delitos o se han mantenido igual o han bajado.

También nos ha incrementado el porcentaje de ejecuciones sobre el total de homicidios, el año pasado cerramos en 48% y ahorita tenemos 56, ósea tenemos más homicidios y tenemos cada vez más ejecuciones de crimen organizado”, reveló en entrevista exclusiva para Excélsior Santiago Roel, presidente de Semáforo Delictivo.

Y es que la tendencia alcista en materia de homicidios se mantiene desde el año pasado, en estos seis meses se reporta nueve mil 615 homicidios de los cuales, cinco mil 413 son ejecuciones del crimen organizado.

De acuerdo con el análisis de Semáforo Delictivo, que realiza Lantia Consultores, en el primer semestre del año, 56% de los homicidios fueron ejecuciones del crimen organizado. Este porcentaje es superior al de 2015 que fue de 48 por ciento.

Hay varios estados con más de 90% como Quintana Roo, Baja California Sur, Aguascalientes, Michoacán y Tamaulipas.

Los estados de la República con tasas más altas en homicidio y en doble rojo, es decir, con más del doble de la tasa nacional son: Colima, Guerrero, Zacatecas y Sinaloa.

La tasa nacional de homicidios en el primer semestre es de ocho homicidios por cada 100 mil habitantes. Colima presenta una tasa de 40, Guerrero de 30, Zacatecas de 26 y Sinaloa de 18.

 

 

 

Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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