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México

Mayor empleo para personas con discapacidad.

En México existen algunos incentivos fiscales para la contratación de personas con discapacidad, por lo que se busca insertar a este tipo de personas en el mercado laboral.

Ernesto Montes Méndez, presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos en Juárez, dijo que la Secretaría de Hacienda permite deducir el 25 por ciento del salario que se les paga a los trabajadores que cuentan con alguna discapacidad.

Para ello, el IMSS debe otorgar un certificado que avala la condición de la persona, sin importar si es motriz, auditiva, visual, de lenguaje o mental.

“A lo largo de varios sexenios se ha buscado motivar a los empresarios para que puedan insertar en la actividad económica a este tipo de personas”, expresó.

Agregó que la Ley del Impuesto Sobre la Renta plantea que todos los patrones podrán realizar deducciones adicionales si contratan personas con discapacidad.

Adaptaciones de accesibilidad

Asimismo, esta ley plantea deducciones para las adaptaciones efectuadas con el objetivo de facilitar el acceso y uso de las instalaciones a las personas con discapacidad.

El artículo 186 de esta ley estipula que se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes, personas físicas o morales del Impuesto Sobre la Renta, que empleen a personas que padezcan discapacidad motriz, que para superarla requieran usar permanentemente prótesis, muletas o sillas de ruedas; mental, auditiva o de lenguaje, en un 80 por ciento o más de la capacidad normal o tratándose de invidentes.

“El estímulo fiscal consiste en poder deducir de los ingresos acumulables del contribuyente para los efectos del impuesto sobre la renta por el ejercicio fiscal correspondiente, un monto equivalente al 25 por ciento del salario efectivamente pagado a las personas antes señaladas”, resaltó Montes Méndez.

Con herramientas suficientes

Ante ello, Penélope Pedroza, representante del Centro de Estudios para Invidentes A.C., exhortó a las empresas a dar oportunidades laborales a este tipo de personas.

Dijo que esa institución brinda a las personas con discapacidad visual las herramientas que les permitan su independencia en el entorno escolar, laboral, familiar y social, al mismo tiempo que promueve la inclusión, de manera que sus decisiones de vida estén centradas en su potencial.

El proyecto de inclusión laboral ofrece beneficios como un clima laboral inclusivo, acceso a capacitaciones para la inclusión laboral y accesibilidad universal, aplicación de estímulos fiscales y responsabilidad social.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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