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«Me penalizan por tarea que no me correspondía en L12»

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La ex subdirectora de urbanismo del proyecto Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, María Antonieta Estrada López, aseguró que se le ha penalizado por una tarea que no le correspondía.

La arquitecta, quien fue inhabilitada por siete años y es señalada de haber permitido un pago de 30 millones 580,000 pesos, aseguró que el cargo que se le imputa es por no evitar que el área de construcción pagara a la constructora algún trabajo que no desarrolló, «pero mi área de actuación es exclusivamente dentro del proyecto».

«Como subdirectora de proyecto, lo que yo hacía era la revisión del proyecto. Que cumpliera con las normas, que cumpliera con las especificaciones, que cumpliera con los términos de referencia establecidos en los contratos», aseveró.

En entrevista en Radio Fórmula, recordó dicho trabajo constituía «en la construcción de algunos andadores perimetrales en las estaciones elevadas», diseñados para dar mantenimiento a la limpieza de los vidrios de las estaciones.

Estrada López aseguró que al percatarse de la irregularidad, hizo un oficio a Enrique Horcasitas y “él lo firmó».

De acuerdo con la arquitecta, con dicho oficio se notificaba a la empresa que tenía que construir dichos andadores.

La arquitecta se dijo preocupada ya que el castigo va de cuatro a los 14 años de prisión, sin derecho a fianza; además, “hay que resarcir el daño el gobierno, es decir pagar los 30 millones 580,000 pesos”, puntualizó.

Giran orden de aprehensión contra Enrique Horcasitas

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) cumplimentó las primeras tres órdenes de aprehensión contra funcionarios de la pasada y actual administración, quienes están vinculados a irregularidades que provocaron el cierre de 11 de 20 estaciones de la Línea 12 del sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro hace más de un año.

Las órdenes fueron giradas para algunos personajes que fueron parte del “Proyecto Metro», por lo que se espera que en las próximas horas sea detenido el ex director de ese organismo, Enrique Horcasitas Manjarrez.

Los primeros tres detenidos de casi 40 involucrados son: Juan Armando Rodríguez Lara, Juan Manuel Martínez Juárez y Abraham Viscarra Baltazar, vinculados a dos averiguaciones previas por uso ilegal de atribuciones y facultades en perjuicio del organismo denominado «Proyecto Metro», creado para la construcción y administración de la línea Dorada.

El Economista

México

Caso Corral sale de Chihuahua: tribunal lo envía al fuero federal

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Un Tribunal Colegiado con sede en Chihuahua ordenó que el proceso penal contra el senador y exgobernador Javier Corral sea atraído por el fuero federal, dejando fuera a las autoridades estatales del conocimiento del caso por presunto peculado.

De acuerdo con el despacho de abogados Schütte & Delsol, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito resolvió el conflicto competencial 20/2025 y declaró que corresponde a la justicia federal conocer del expediente relacionado con la contratación del despacho López-Elías Finanzas Públicas para la reestructuración de la deuda pública estatal.

El tribunal determinó que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y el Juez de Control local deben desistirse del asunto y remitir la totalidad de los expedientes a las instancias federales, luego de que la Fiscalía General de la República ejerciera la facultad de atracción, decisión que ya había sido respaldada previamente por dos jueces federales.

Con esta resolución, será la Fiscalía General de la República, actualmente encabezada por Ernestina Godoy, la encargada de continuar con la investigación en el ámbito federal.

El equipo legal del exgobernador sostuvo que en el fuero local no se garantizaban los derechos de las víctimas ni de la sociedad a la verdad, la justicia y la reparación del daño, y aseguró que el proceso iniciado en Chihuahua estuvo marcado por irregularidades.

Asimismo, los abogados reiteraron su confianza en que se acreditará la inocencia de Javier Corral, al considerar que las acusaciones en su contra derivan de una supuesta fabricación del delito por parte de autoridades estatales.

La investigación se originó por un contrato de 98.6 millones de pesos firmado durante su administración con el despacho López-Elías Finanzas Públicas, acuerdo que la Fiscalía Anticorrupción estatal señala como un posible caso de peculado.

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