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México

«Me penalizan por tarea que no me correspondía en L12»

La ex subdirectora de urbanismo del proyecto Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, María Antonieta Estrada López, aseguró que se le ha penalizado por una tarea que no le correspondía.

La arquitecta, quien fue inhabilitada por siete años y es señalada de haber permitido un pago de 30 millones 580,000 pesos, aseguró que el cargo que se le imputa es por no evitar que el área de construcción pagara a la constructora algún trabajo que no desarrolló, «pero mi área de actuación es exclusivamente dentro del proyecto».

«Como subdirectora de proyecto, lo que yo hacía era la revisión del proyecto. Que cumpliera con las normas, que cumpliera con las especificaciones, que cumpliera con los términos de referencia establecidos en los contratos», aseveró.

En entrevista en Radio Fórmula, recordó dicho trabajo constituía «en la construcción de algunos andadores perimetrales en las estaciones elevadas», diseñados para dar mantenimiento a la limpieza de los vidrios de las estaciones.

Estrada López aseguró que al percatarse de la irregularidad, hizo un oficio a Enrique Horcasitas y “él lo firmó».

De acuerdo con la arquitecta, con dicho oficio se notificaba a la empresa que tenía que construir dichos andadores.

La arquitecta se dijo preocupada ya que el castigo va de cuatro a los 14 años de prisión, sin derecho a fianza; además, “hay que resarcir el daño el gobierno, es decir pagar los 30 millones 580,000 pesos”, puntualizó.

Giran orden de aprehensión contra Enrique Horcasitas

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) cumplimentó las primeras tres órdenes de aprehensión contra funcionarios de la pasada y actual administración, quienes están vinculados a irregularidades que provocaron el cierre de 11 de 20 estaciones de la Línea 12 del sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro hace más de un año.

Las órdenes fueron giradas para algunos personajes que fueron parte del “Proyecto Metro», por lo que se espera que en las próximas horas sea detenido el ex director de ese organismo, Enrique Horcasitas Manjarrez.

Los primeros tres detenidos de casi 40 involucrados son: Juan Armando Rodríguez Lara, Juan Manuel Martínez Juárez y Abraham Viscarra Baltazar, vinculados a dos averiguaciones previas por uso ilegal de atribuciones y facultades en perjuicio del organismo denominado «Proyecto Metro», creado para la construcción y administración de la línea Dorada.

El Economista

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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