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«Me penalizan por tarea que no me correspondía en L12»

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La ex subdirectora de urbanismo del proyecto Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, María Antonieta Estrada López, aseguró que se le ha penalizado por una tarea que no le correspondía.

La arquitecta, quien fue inhabilitada por siete años y es señalada de haber permitido un pago de 30 millones 580,000 pesos, aseguró que el cargo que se le imputa es por no evitar que el área de construcción pagara a la constructora algún trabajo que no desarrolló, «pero mi área de actuación es exclusivamente dentro del proyecto».

«Como subdirectora de proyecto, lo que yo hacía era la revisión del proyecto. Que cumpliera con las normas, que cumpliera con las especificaciones, que cumpliera con los términos de referencia establecidos en los contratos», aseveró.

En entrevista en Radio Fórmula, recordó dicho trabajo constituía «en la construcción de algunos andadores perimetrales en las estaciones elevadas», diseñados para dar mantenimiento a la limpieza de los vidrios de las estaciones.

Estrada López aseguró que al percatarse de la irregularidad, hizo un oficio a Enrique Horcasitas y “él lo firmó».

De acuerdo con la arquitecta, con dicho oficio se notificaba a la empresa que tenía que construir dichos andadores.

La arquitecta se dijo preocupada ya que el castigo va de cuatro a los 14 años de prisión, sin derecho a fianza; además, “hay que resarcir el daño el gobierno, es decir pagar los 30 millones 580,000 pesos”, puntualizó.

Giran orden de aprehensión contra Enrique Horcasitas

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) cumplimentó las primeras tres órdenes de aprehensión contra funcionarios de la pasada y actual administración, quienes están vinculados a irregularidades que provocaron el cierre de 11 de 20 estaciones de la Línea 12 del sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro hace más de un año.

Las órdenes fueron giradas para algunos personajes que fueron parte del “Proyecto Metro», por lo que se espera que en las próximas horas sea detenido el ex director de ese organismo, Enrique Horcasitas Manjarrez.

Los primeros tres detenidos de casi 40 involucrados son: Juan Armando Rodríguez Lara, Juan Manuel Martínez Juárez y Abraham Viscarra Baltazar, vinculados a dos averiguaciones previas por uso ilegal de atribuciones y facultades en perjuicio del organismo denominado «Proyecto Metro», creado para la construcción y administración de la línea Dorada.

El Economista

México

INE estima gasto operativo de casi 4 mil millones para 2027

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El Instituto Nacional Electoral (INE) proyectó un gasto operativo de 3 mil 948 millones 471 mil 536 pesos para el ejercicio fiscal de 2027, monto que será incorporado al Anteproyecto de Presupuesto del organismo de cara al próximo proceso electoral federal.

La estimación fue elaborada a partir de un análisis metodológico sustentado en el comportamiento histórico registrado entre 2023 y 2025, bajo los lineamientos aprobados por la Comisión Temporal del Presupuesto del instituto.

De acuerdo con la distribución prevista, las oficinas centrales concentrarán la mayor parte de los recursos, con una asignación de 2 mil 380 millones 841 mil 144 pesos. Por su parte, las juntas locales y distritales ejecutivas contarán con mil 567 millones 630 mil 392 pesos para sus operaciones.

El organismo electoral precisó que esta proyección tiene como objetivo garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento ordinario del instituto durante el año en que se desarrollarán las elecciones federales.

El cálculo presupuestal excluye diversos conceptos que forman parte de otros rubros de gasto. Entre ellos se encuentran los servicios personales, la Cartera Institucional de Proyectos, las prerrogativas destinadas a los partidos políticos nacionales y el denominado presupuesto precautorio.

Con esta previsión financiera, el INE busca establecer una base presupuestaria para la organización y operación del proceso electoral de 2027.

Por otra parte, la consejera presidenta del instituto, Guadalupe Taddei Zavala, señaló el pasado 25 de mayo que el organismo carece de facultades ministeriales y judiciales para investigar posibles vínculos entre candidatos y grupos del crimen organizado.

Ante la propuesta de crear una Comisión de Verificación de Integridad para las elecciones de 2027, la funcionaria planteó que la legislación defina con precisión las responsabilidades de cada institución involucrada. Asimismo, propuso que la verificación de antecedentes penales, financieros y de seguridad nacional sea realizada por instancias especializadas del Estado mexicano.

Según lo expuesto, el INE se limitaría a recibir los registros de los partidos políticos, remitir los expedientes a las dependencias competentes y notificar si existe algún impedimento legal para una candidatura.

Hasta el momento, la propuesta relacionada con la verificación de integridad de aspirantes continúa en discusión.

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