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‘Me rayé’, dice AMLO al informar que fue inscrito como socio de 26 empresas ante el SAT

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El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este miércoles que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) detectó que fue inscrito como socio de 26 empresas.

«Me rayé, me convertí en empresario. Todas las empresas (26) las inscribieron en Boca del Río, Veracruz, el 11 de agosto de 2019», agregó.

De acuerdo con el presidente, su esposa Beatriz Gutiérrez Müller también aparece como socia de estas compañías.

López Obrador aseguró que más adelante se entregará un reporte más completo sobre esta situación.

“Voy a entregar toda la información para decirle a todos los mexicanos que no soy empresario, que respeto a quienes se dedican a esa actividad, pero yo soy servidor público, no tengo empresas, no tengo propiedad, bienes, apenas tengo la cuenta donde me depositan mi sueldo”, apuntó.

El mandatario indicó que las empresas “están canceladas en el SAT” y que se comprobó que no habían realizado operaciones.

Destacó el trabajo del SAT, el cual tiene la capacidad para detectar operaciones extrañas o irregulares, apuntó.

“Se dieron cuenta y están haciendo la investigación”, dijo.

López Obrador sugirió que detrás de la inscripción pueden estar “sus adversarios políticos” con el objetivo de desprestigiarlo, “para que el día de mañana parezca que estoy haciendo negocios ‘chuecos’”.

Fuente: EL Financiero

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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