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México

Meade desempolva la estrategia del voto masivo de los burócratas

Cuando los reporteros le preguntaron por tercera vez si declinaría en favor de Ricardo Anaya, el gesto se le endureció a José Antonio Meade y contestó que no lo haría por ningún motivo.

“Meade no declina en ningún sentido, no declina en su deseo de que los departamentos ayuden a los damnificados y no declina en su aspiración, a lo que estoy seguro será la realidad el primero de julio, que es que habré de ganar la elección”, contestó con el gesto adusto.

Después del primer debate, el domingo 22, la situación para el candidato de la alianza Todos por México –PRI, PVEM y Panal– no cambió. No subió ni un punto porcentual sino que bajó un par para estancarse en el tercer sitio, y su discurso mantuvo el débil impacto con el que inició su campaña.

De ahí que empezaron a circular versiones de que en algunos integrantes de la dirigencia del PRI y del gobierno de Enrique Peña Nieto, así como en la cúpula empresarial, había una seria preocupación por el estancamiento de Meade y el nulo éxito de su campaña, coordinada por Aurelio Nuño.

Según versiones de algunos militantes del PRI, el paso a seguir era un cambio de candidato; al final se pensó que ya no había tiempo de hacerlo y sería contraproducente. Asimismo se planteó una eventual declinación de Meade en favor de Ricardo Anaya, candidato presidencial de la alianza Por México al Frente –PAN, PRD y MC–, pero esta posibilidad también se descartó, porque se desconfía del panista.

Por último se dijo que podría optarse por que, soterradamente, una parte del apoyo del partido, empresarial y de gobierno, se inclinara por Anaya, a quien aún le ven posibilidades de vencer a Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia.

En ese contexto Meade empezó a levantar la voz en cada acto de campaña para pedirle a la militancia priista “salir a la calle”, ir casa por casa y convencer a la gente de que voten por él. “Denme su voto”, pidió al final de cada mitin.

Y no dejó de hablar de los dos departamentos de López Obrador, a quien califica de “mentiroso” por no haberlos incluido en su declaración de bienes, aunque el tabasqueño precisó que no lo hizo porque esos inmuebles ya son parte de la herencia de sus hijos.

La voz y el semblante de Meade, sin embargo, se endurecieron al paso de los días en su gira por Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. También su discurso contra el tabasqueño, al que se le han dedicado videos en las redes sociales, donde se mezclan imágenes de violencia con el mensaje de que es un “peligro para México”, tal como se hizo antes de la elección presidencial de 2006. En su discurso, al hablar de López Obrador lo calificó de “personaje violento y peligroso para el país”.

En Matamoros, al término de un encuentro con empresarios y sociedad civil, Meade manifestó que hay que temerle a López Obrador porque está reeditando su discurso violento de las pasadas elecciones: “La guerra sucia implica anónimos y mentiras; una contienda electoral implica contraste. Y en la medida en que ese contraste no apunte a nada que sea falso, no puede ser calificado como guerra sucia”, argumentó Meade.

–Entonces, ¿sí hay que tenerle miedo a Andrés Manuel López Obrador? –pregunta el reportero.

–A mi juicio, sí.

–¿Está reeditando el esquema de 2006?

–Creo que él está reeditando el de 2006 y el de 2012, porque estamos oyendo lo mismo, y peor, en 2018.

–¿Por qué tenerle miedo a Andrés Manuel?

–Por lo que propone en materia de seguridad, por lo que propone en materia económica, por lo que propone en materia de prácticamente todos los temas que implican para el país un retroceso importante.

No hubo un solo acto de campaña en la semana siguiente al debate en el que no se refiriera a López Obrador, ya fuera por sus departamentos, por su propuesta de amnistía, la suspensión del Nuevo Aeropuerto Internacional de México o su intención de cambiar las reformas educativa y energética.

El voto corporativo

Pero al tiempo que Meade cambió su discurso, la estructura del PRI comenzó a moverse como en los viejos tiempos, organizando actos masivos, acarreando gente, ofreciéndoles apoyos y, principalmente, echando a andar una operación de cooptación del voto entre los burócratas
sindicalizados.

Aunque ya lo hacían de manera sutil desde marzo, cuando empezó la campaña, los líderes de los trabajadores sindicalizados de las dependencias federales aumentaron la presión después del primer debate, exigiéndoles a los burócratas conseguir 10 votos cada uno, so pena de recibir sanciones.

Herederos de las viejas prácticas de coacción y cooptación del voto corporativo, la dirigencia nacional del PRI y el gobierno de Enrique Peña Nieto reeditan una práctica que tiene por lo menos 30 años y que en la elección de 1988 fue fundamental para que Carlos Salinas triunfara.

En aquella elección los burócratas sindicalizados fueron parte del operativo para conseguir 1 millón y medio de votos para Salinas de Gortari: 20 sufragios por cada trabajador. La diferencia es que antes todo lo hacían de manera más autoritaria, porque había un control absoluto de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, controlada por Hugo Domenzáin.

Ese control se deshizo en 2003, en la dirigencia de Joel Ayala, con la salida del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, manejado por Elba Esther Gordillo, quien usó a los maestros para formar su propio partido, Nueva Alianza, luego de su rompimiento con el PRI.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México hay 5 millones 400 mil trabajadores en el sector público. Luego del primer debate y de que Meade no despegó del tercer lugar, los líderes de los sindicatos de burócratas empezaron a presionar más a los trabajadores de algunas dependencias federales, a quienes exigen que lleven el registro de 10 personas cada uno para que voten por el candidato “ciudadano” del PRI.

Trabajadores de algunas dependencias federales, que aceptaron hablar con Proceso a condición de que no se citen sus nombres, comentan sobre este operativo de coacción y cooptación del voto que obliga a cada uno de ellos a llevar el registro de 10 personas –con copia de la credencial de elector, dirección, nombre completo y correo electrónico– que aseguren que emitirán su voto por los candidatos del PRI, principalmente por Meade.

Este semanario pudo hablar con trabajadores sindicalizados de Petróleos Mexicanos (Pemex) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que han denunciado esta práctica y muestran los formatos que les entregan las directivas sindicales para que consigan los apoyos; además de que los amenazan con sanciones si no acatan las órdenes.

Quieren 20 millones

Desde antes del inicio de la contienda, tanto el vocero de la campaña, Javier Lozano, como el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, declararon que Meade ganará la elección con 20 millones de votos, 40% de la votación.

En diciembre Ochoa Reza manifestó que trabajarán para que cuatro de cada 10 mexicanos voten por Meade, “el hombre más preparado en la elección”. En enero Aurelio Nuño, coordinador de la precampaña, sostuvo que el objetivo mínimo es de 20 millones de votos.

Las estimaciones del presidente nacional del PRI y de Nuño rebasan los 19 millones 226 mil votos que en 2012 obtuvieron en alianza con el Partido Verde –38.21% del total de sufragios emitidos–, con los cuales Enrique Peña Nieto llegó a la Presidencia.

Ahora los encargados de la campaña de Meade plantean ganar con más votos de los que consiguió hace seis años Peña Nieto, con la ayuda de las grandes empresas de comunicación, la jerarquía católica y los principales empresarios del país.

Sin embargo, ahora ya no tienen todo ese apoyo. Meade no suma simpatías con su disfraz de ciudadano ni con su débil discurso y, principalmente, por la imagen de corrupción indeleble en el PRI y en la administración de Enrique Peña Nieto.

Burócratas que hablaron con Proceso –afiliados al sindicato del ISSSTE y quienes piden que no se revelen sus identidades, por temor a perder el empleo– dicen que los líderes sindicales Luis Miguel Victoria Ranfla e Hilario Ramírez Chávez los usan para apoyar tanto a Meade como al candidato del PRI a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Mikel Arriola.

Indican que el pasado sábado 7 los obligaron a ir al centro deportivo del ISSSTE a un acto de campaña de Arriola, con la amenaza de que si no iban, habría consecuencias. “Como a otros sindicatos, nos hacen asistir a eventos de los candidatos y nos amenazan con quitarnos la licencia sindical o cancelar tiempo, si no se asiste a los eventos.

“A los trabajadores que no tienen licencia sindical y están en sus respectivas áreas, los invitan a los eventos a cambio de días o de permisos; y si no asisten, no se los dan.”

El sábado 7 asistió todo el aparato sindical a un acto de Arriola: los directores, coordinadores, jefes de departamento y el nuevo director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, Jorge Erick Pérez Pérez, quien se presentó además como asesor del candidato al gobierno capitalino.

A partir de la tercera semana de la campaña, con Meade estancado en tercer lugar, lo mismo que Arriola, los dirigentes del sindicato del ISSSTE empezaron a presionar a sus integrantes a fin de que se movilicen con sus amigos y familiares para que llenen los formatos y aseguren los votos, señalan los trabajadores del gobierno federal.

En dichas hojas –de las que entregaron copias al reportero– les piden primero poner sus datos laborales y personales, así como los de 10 personas más que se comprometen a dar su voto por Meade y Arriola.

“Lo más lamentable en estos momentos es que no es obligación votar por un partido o un candidato; nos fuerzan a pasar a finanzas con las listas para entregar los documentos y, por el otro lado, la administración envía correos para promover el libre voto, pero los directores te ordenan que asistas a los eventos del PRI”, dice uno de los denunciantes entrevistados.

Otro manifiesta resignado: “Como trabajadores sólo podemos apechugar y callar ante represalias de la administración y del sindicato. Estamos desprotegidos ante esta mafia de poder”.

Y muestra los dos formatos que les están entregando: el primero es una hoja donde le piden todos sus datos; en otra hoja deben poner los datos de 10 amigos y familiares. “Se está pidiendo el número de la clave de elector, peso, complexión, etcétera, pero sólo para desviar la atención del objetivo principal: que demos el voto por Meade”, precisa.

Trabajadores de Pemex señalan a este semanario que desde el inicio de la campaña, la dirigencia sindical les empezó a distribuir unas formas en las que se les piden los datos de 10 personas.

“Nos están dando esos papeles y nos piden nuestros datos de la credencial de elector. No podemos decir que no, ¡ni se nos vaya a ocurrir!, porque si lo hacemos, en ese momento agarran el teléfono y nos reportan. Nos marcan y luego vienen las represalias”, sostiene un trabajador petrolero de la sección 44, en Tabasco.

Precisa que aunque al principio les exigieron que llevaran los datos de 10 personas, con la escasa respuesta que están recibiendo, ahora les piden que lleven los que sean. “Tráenos tres personas o cinco, las que sean, pero tráenos los que se puedan para anotarlos en la lista de que votarán por Meade. No les importan los candidatos a diputados, senadores o gobernadores, quieren que los votos que consigamos sean para presidente”, confiesa.

Precisa que los formatos se los están dando a todos los trabajadores, sin excepción, en todas las plantas del país.

“Hay mucha gente que está enojada pero se queda callada, por las represalias: nos pueden quitar el trabajo y el de nuestros familiares. Quisiéramos gritar, pero no podemos; todos los compañeros piensan lo mismo, estamos hartos de esta situación, porque si decimos algo nos van a congelar el trabajo y eso no lo queremos”, advierte.

Otro empleado de Pemex, éste, de la Ciudad de México, señala que esta situación se ha repetido en otras elecciones, pero que ahora se percibe más desesperación del PRI: “Están desesperados, están bien cabrones. Ya no saben cómo conseguir los votos. Es que muchos ya no les hacen caso e inventan pretextos para no entregarles los formatos llenos”, dice.

Este reportaje se publicó el 29 de abril de 2018 en la edición 2165 de la revista Proceso.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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