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Médicos de EE.UU. asistieron «tortura» de presos tras el 11-S, según reporte

«Esas huelgas de hambre son actuales. No están en el pasado»

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Dependencias militares y de inteligencia de Estados Unidos presionaron a médicos para que trabajan en centros de detención militares y violaran códigos de ética profesionales, al hacerlos participar en el maltrato a prisioneros por parte de interrogadores, concluyeron expertos médicos y legales en un nuevo reporte.
En un informe publicado este lunes, el Instituto de Medicina como Profesión, de la Universidad de Columbia, y la Open Society Foundations exhortaron al Departamento de Defensa y a la CIA a seguir los estándares médicos internacionales en el trato a detenidos.
Aunque las peores violaciones citadas por el reporte se produjeron en 2006, el método de alimentación forzada a huelguistas de hambre en la prisión de EE.UU. en Guantánamo continúa y está en conflicto con esas normas, dijo el médico Gerald Thomson, uno de los autores del estudio.
Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando las fuerzas estadounidenses empezaron a capturar a sospechosos de la red terrorista al Qaeda, se les dijo a los médicos militares de EE.UU. que era una «situación de emergencia y que la seguridad nacional estaba en juego», dijo Thomson.
Como resultado, los médicos terminaron asesorando a los interrogadores que implementaban el trato degradante e inhumano a los prisioneros, a través de prácticas que cayeron en la línea de la tortura, y pese al «claro conflicto» con sus principios profesionales, concluyó el reporte.
«Las conductas de los médicos y de los psiquiatras fueron dictadas por los cambios en las regulaciones y modificaciones en la comprensión de los principios éticos transmitidos por el Departamento de Defensa», dijo Thomson, profesor emérito de Columbia. «Ellos socavaron y distorsionaron la comprensión de los principios éticos de los médicos que lidiaban con los detenidos».
Más de 100 prisioneros murieron bajo custodia de EE.UU. entre 2002 y 2005; 43 de esas muertes fueron clasificadas como homicidios.
El documento titulado Ética abandonada: Profesionalismo médico y el abuso contra los detenidos en medio de la guerra contra el terrorismo es producto de tres años de análisis de registros públicos por un grupo de trabajo de 20 personas.
Según el texto, el Pentágono excusó violaciones éticas como el uso de información médica y la participación de médicos (que juraron no hacer daño) en interrogatorios. Estos médicos eran llamados «funcionarios de seguridad».
El grupo de trabajo pidió una investigación completa de las prácticas posteriores al 11-S, incluidos exámenes médicos a detenidos, revisiones de registros de interrogaciones, así como documentos sobre el trato y la condición de los reclusos.
Se cree que «docenas» de médicos, «tal vez menos que eso», estuvieron involucrados, pero usarlos para el abuso de prisioneros viola «un convenio entre la profesión médica y la sociedad», dijo Thomson.
El teniente coronel Todd Breasseale, portavoz del Pentágono, dijo este lunes que las acusaciones contenidas en el informe no son nuevas, pero que no tienen sustento.
Dijo que la salud y el bienestar de los detenidos de Guantánamo es la misión principal del personal médico del campo de prisioneros. «Se toman esta tarea tan en serio como se toman su deber de proporcionar tratamiento médico a los miembros del servicio de EE.UU. o de cualquier otro paciente», dijo Breasseale.
Entre dos gobiernos
Las prácticas empleadas en Guantánamo —como la privación del sueño y sensorial, el uso de posiciones de estrés, la explotación de fobias o la exposición al ruido— salieron a la luz tras el escándalo de Abu Ghraib en 2004, que llevaron a múltiples investigaciones y reformas durante la administración de George W. Bush, quien defendió el uso de métodos de interrogación «mejorados».
El gobierno de Barack Obama repudió la utilización de esas técnicas. Pero Thomson dijo que las directrices que siguen las agencias estadounidenses ahora son más relajadas que antes de 2001, aunque algunos detalles no han sido revelados.
La respuesta del gobierno estadounidense a la ola de huelgas de hambre en Guantánamo «expuso algunas de las prácticas contrarias a la ética médica», dijo Thomson. Más de 100 detenidos en la prisión, situada en una base naval de EE.UU. en Cuba, rechazaron alimentos durante el verano y alrededor de 30 recibían comida por una sonda que les había sido colocada por la nariz y hacia su estómago.
El Pentágono ha dicho que el programa de alimentación es legal y humano. Pero la práctica ha sido condenada por grupos de derechos humanos, mientras que la Asociación Médica Mundial y la Asociación Médica de EE.UU. destacan que todos los pacientes tienen el derecho a rechazar incluso el soporte vital.
«Esas huelgas de hambre son actuales. No están en el pasado», dijo Thomson. Las directrices para los médicos de la prisión deben cambiar, agregó, «para que los médicos no sean presionados a violar la ética médica».
Breasseale dijo que el programa de alimentación «se centra exclusivamente en la preservación de la vida y la salud de los detenidos en custodia (del Departamento de Defensa) y que está en línea con la ley estadounidense bien establecida».
El procedimiento de tubo de alimentación «es médicamente sólido y se basa en los procedimientos realizados no solo en prisiones estadounidenses, sino en los hospitales y hogares de ancianos en todo el mundo», dijo.
Hasta este lunes, 14 prisioneros de Guantánamo se rehúsan a comer regularmente y son parte del programa de alimentación, pero no siempre requieren la sonda porque frecuentemente «toman el suplemento o comen una comida sin que sus compañeros los vean», dijo Breasseale.
«Seguimos comprometidos con la meta del presidente Obama de cerrar el centro de detención de Guantánamo, en Cuba, añadió». «Es tremendamente caro, es ineficiente y opera fuera de los intereses de EE.UU. Sin embargo, hasta que el Congreso cambie la ley, seguiremos salvaguardando a las personas que cumplen su condena en ese lugar».guantanamomedicos

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Marzo será el mes de las mujeres en el Estado de Chihuahua

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Las mujeres han sido clave en el desarrollo social, cultural, económico y político del Estado, pero continúan enfrentando desigualdad, discriminación y violencia que restringen el pleno ejercicio de sus derechos, por ello, el Congreso del Estado declaró el mes de marzo como “Mes de las Mujeres”, acto que representa una acción afirmativa que busca fortalecer la participación social e institucional en torno a los derechos humanos de las mujeres.

Fue la diputada Irlanda Márquez Nolasco presidente de la Comisión de Igualdad dio lectura al dictamen correspondiente, en el cual se detalla que la ONU ha establecido como objetivo número 5 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible “Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas”, por ello la necesidad de fortalecer las acciones necesarias.

El 8 de marzo de cada año, es reconocido a nivel mundial como el Día Internacional de la Mujer, fue en el año de 1975 establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como una fecha conmemorativa para reconocer su igualdad, justicia y participación plena en la sociedad, a esta conmemoración se unen las mujeres de todos los continentes; por ello, Chihuahua refuerza las acciones con la declaratoria, a fin de convertir al mes citado, en un periodo dedicado a acercar la historia, la cultura y las diversas realidades de las mujeres a la sociedad.

Es importante destacar que, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la CEDAW y la Convención de Belém do Pará; así como la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Chihuahua y la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establecen la responsabilidad del Estado para impulsar políticas públicas, acciones de capacitación y programas de sensibilización dirigidos a eliminar la violencia y garantizar la igualdad sustantiva.

Cabe destacar que la iniciativa que dio origen a esta declaratoria, fue presentada por la diputada América Aguilar Gil.

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