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Médicos residentes paran labores en 68 hospitales del país por falta de pago

Médicos residentes de al menos 68 hospitales en el país, que dependen de la Secretaría de Salud federal, suspenderán actividades a partir de las 7 de la mañana de este lunes, debido a que aún hay residentes a los que no se les han pagado sus quincenas y tampoco les han depositado el bono sexenal.

La Asamblea Nacional de Médicos Residentes acordó realizar una asamblea permanente en la que llevarán a cabo actividades académicas en diversas sedes hospitalarias, sin descuidar la atención en las áreas críticas de cada hospital.

Karen Arteaga Contreras, representante de médicos residentes del Instituto Nacional de Salud Pública, confirmó en entrevista con Animal Político que los residentes no darán consultas, pero acudirán a sus hospitales cumpliendo con su horario laboral, pero solo participarán en sesiones académicas.

“El último corte que se tiene es que participarán 68 hospitales, pero se espera un incremento aproximado de 10 hospitales e Institutos más”, destacó.

“No se descuidarán áreas como urgencias, hospitalización, atención obstétrica, y cuidados en terapia intensiva, los demás servicios serán atendidos por médicos de base”, detalló.

Arteaga Contreras señaló que la intención es afectar lo menos posible a la población, por esa razón cada uno de los hospitales elegirá la modalidad en la que realizan la asamblea permanente, en algunos casos trabajarán bajo protesta.

El Hospital General de México será uno de los que trabajará bajo protesta, es decir, los residentes no suspenderán sus actividades, pero trabajarán con algún distintivo en su bata, yoyo, o credencial, como muestra de apoyo hacia sus compañeros.

Víctor Reyes, vicepresidente de la Asociación de Residentes del Hospital General de México, detalló en entrevista que de los 930 residentes del hospital a quienes se les debía el pago, ya solo está pendiente el depósito para seis, dos de ellos son médicos que están en el extranjero y que no han podido firmar.

“En nuestro caso los pagos ya están avanzados y estamos bajo una línea de trabajo con la Secretaría de Salud, ya hay respuesta del gobierno y por eso no consideramos sumarnos al paro”, dijo.

Mensualmente, los médicos residentes reciben becas de entre 9,500 y 14,000 pesos, según su grado, las horas de trabajo y turnos.

A fin de sexenio, los médicos residentes reciben un bono de 3,000 pesos, y aunque sí se les depositó en diciembre de 2018, a inicio de año la Secretaría de Salud se los descontó sobre el monto de sus becas.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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