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Medina Mora, investigado por “lavado de dinero”

El ministro Eduardo Medina Mora, quien renunció a su puesto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es investigado por “lavado” de dinero, denuncia que fue presentada hace dos meses ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda (UIF).

“Nosotros tenemos una denuncia presentada contra el señor Medina Mora por un tema de triangulación de recursos”, aseveró el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, de gira en esta ciudad.

El funcionario, quien dijo que no podía revelar detalles de la denuncia, criticó que Medina Mora Icaza aplicara criterios que ayudaron a proteger a funcionarios de la administración del expresidente Enrique Peña Nieto y que propiciaron que fueran desbloqueados alrededor de 2 mil millones de pesos asegurados a grupos delincuenciales relacionados con trata de personas, narcotráfico y corrupción.

“No me gusta su jurisprudencia que cercenó una buena parte de las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera y mucho menos el porqué de esa jurisprudencia que tenía que ver con proteger a grupos o personas relacionadas con el gobierno anterior. Me parece que esa no es la función de un ministro. Pero no podría decir más cosas”, indicó Nieto Castillo.

Ante la prensa, el titular de la UIF puntualizó que el argumento de Medina Mora era que si el bloqueo de recursos era parte de una investigación nacional, entonces se trataba de un acto inconstitucional, por lo que solamente podría justificarse la petición si éstas eran hechas desde entes e instituciones que estuvieran fuera del país.

“Me parece que si el acto es un congelamiento de cuentas, con independencia de quien esté realizando la investigación, ésta tendría que ser constitucional. En muchos de los casos si no había una solicitud de la DEA, el FBI [Buró Federal de Investigaciones, por sus siglas en inglés] o de alguna instancia extranjera, los jueces de Distrito permitían el desbloqueó”, lamentó.

Dijo que la intención es enviar un mensaje claro a los diferentes niveles de gobierno y a las cúpulas sobre la cero tolerancia a la corrupción y erradicar la impunidad. Por otro lado, destacó que en lo que va del año se han presentado 127 denuncias se han congelado cuentas por 5 mil millones de pesos y otras por 50 millones de dólares.

Fuente: El Universal

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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