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México

Menores de edad ya no pueden contraer matrimonio en la Ciudad de México

Los menores de edad ya no podrán contraer matrimonio en la Ciudad de México, según una normativa promulgada por el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera en la que se reformó el código civil en la capital mexicana, esto quedó estipulado desde ayer 14 de julio del 2016.

Mancera dijo, en un acto en la capital mexicana, la prohibición de contraer matrimonio busca darle una garantía de un mejor desarrollo a niños, niñas y adolescentes, además de estabilidad a las familias.

“Es una ventaja para la familia, ventaja para los niños, ventaja para las niñas y cuidado de desarrollo en la tarea que tenemos permanentemente en la Ciudad de México de cuidar a la mujer en todas las etapas de su desarrollo”, dijo el jefe de gobierno.

“Garantizamos y privilegiamos el libre consentimiento, la madurez para el consentimiento y, sobre todo, la etapa de desarrollo de los niños y las niñas como debe de ser”.
Entre 2007 y 2015, 10,272 niñas menores de 18 años contrajeron matrimonio en Ciudad de México, según cifras entregadas por Mancera durante el evento realizado este miércoles, una estadística que podría aumentar si se consideraran datos de las niñas más pequeñas —menores de 15 años— que se casan.

En México, 113,000 menores se casan anualmente, añadió el jefe de gobierno.

Las modificaciones al código civil también eliminan la figura de emancipación con motivo de matrimonio, pone como impedimento para casarse la violencia familiar y obliga a los jueces del Registro Civil a confirmar y verificar la voluntad de los contrayentes de unirse en matrimonio, según el comunicado de la Ciudad de México.

SITUACIÓN EN MÉXICO
La decisión de la capital mexicana llega un año después de que la Cámara de Diputados y el Senado aprobaran una modificación al Código Civil Federal para evitar que los menores de edad de todo el país se casaran. Sin embargo, no todos los congresos estatales aceptaron incorporar estas medidas a sus legislaciones locales.

Según un documento del Senado, con fecha de febrero de 2016, solo seis estados —ahora siete con Ciudad de México—han establecido en sus códigos civiles que para que dos personas contraigan matrimonio ambos deben tener 18 años cumplidos, según el artículo 45 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El pasado mes de febrero la Cámara de Senadores hizo un llamado a 25 entidades federativas para que eleven la edad mínima para contraer matrimonio, pues asegura que esa práctica afecta sobre todo a las niñas, ya que el 17.3% de las mujeres se casaron siendo menores de 18 años, por solo 3,9% de hombres.

Además, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía citadas por el Senado, al menos una de cada cinco mujeres «entra en unión conyugal antes de cumplir los 18 años de edad».

Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Zacatecas son los estados que aún no adoptan la prohibición, según indicó el Senado.

 

 

CNN

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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