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México

Menores de edad ya no pueden contraer matrimonio en la Ciudad de México

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Los menores de edad ya no podrán contraer matrimonio en la Ciudad de México, según una normativa promulgada por el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera en la que se reformó el código civil en la capital mexicana, esto quedó estipulado desde ayer 14 de julio del 2016.

Mancera dijo, en un acto en la capital mexicana, la prohibición de contraer matrimonio busca darle una garantía de un mejor desarrollo a niños, niñas y adolescentes, además de estabilidad a las familias.

“Es una ventaja para la familia, ventaja para los niños, ventaja para las niñas y cuidado de desarrollo en la tarea que tenemos permanentemente en la Ciudad de México de cuidar a la mujer en todas las etapas de su desarrollo”, dijo el jefe de gobierno.

“Garantizamos y privilegiamos el libre consentimiento, la madurez para el consentimiento y, sobre todo, la etapa de desarrollo de los niños y las niñas como debe de ser”.
Entre 2007 y 2015, 10,272 niñas menores de 18 años contrajeron matrimonio en Ciudad de México, según cifras entregadas por Mancera durante el evento realizado este miércoles, una estadística que podría aumentar si se consideraran datos de las niñas más pequeñas —menores de 15 años— que se casan.

En México, 113,000 menores se casan anualmente, añadió el jefe de gobierno.

Las modificaciones al código civil también eliminan la figura de emancipación con motivo de matrimonio, pone como impedimento para casarse la violencia familiar y obliga a los jueces del Registro Civil a confirmar y verificar la voluntad de los contrayentes de unirse en matrimonio, según el comunicado de la Ciudad de México.

SITUACIÓN EN MÉXICO
La decisión de la capital mexicana llega un año después de que la Cámara de Diputados y el Senado aprobaran una modificación al Código Civil Federal para evitar que los menores de edad de todo el país se casaran. Sin embargo, no todos los congresos estatales aceptaron incorporar estas medidas a sus legislaciones locales.

Según un documento del Senado, con fecha de febrero de 2016, solo seis estados —ahora siete con Ciudad de México—han establecido en sus códigos civiles que para que dos personas contraigan matrimonio ambos deben tener 18 años cumplidos, según el artículo 45 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El pasado mes de febrero la Cámara de Senadores hizo un llamado a 25 entidades federativas para que eleven la edad mínima para contraer matrimonio, pues asegura que esa práctica afecta sobre todo a las niñas, ya que el 17.3% de las mujeres se casaron siendo menores de 18 años, por solo 3,9% de hombres.

Además, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía citadas por el Senado, al menos una de cada cinco mujeres «entra en unión conyugal antes de cumplir los 18 años de edad».

Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Zacatecas son los estados que aún no adoptan la prohibición, según indicó el Senado.

 

 

CNN

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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