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#MeToo destapa 60 casos de víctimas de acoso en universidad

La activista por los derechos humanos de las mujeres, Mara Muñoz, calificó de grave la violencia contra las universitarias, pues sólo en las dos semanas del movimiento #MeToo, se tienen registradas más de 60 víctimas de acoso y hostigamiento sexual.

La feminista reconoció los resultados del movimiento iniciado en redes sociales para denunciar, de manera anónima, la problemática que sufren las mujeres en el ámbito universitario, especialmente en la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), donde se contabilizaron todos los casos.

Eso demuestra que “el problema es más grave de lo que pensábamos”, y saca a la luz la falta de interés de autoridades universitarias y gubernamentales por recibir, atender y dar seguimiento a las denuncias de los ilícitos cometidos no sólo contra alumnas, sino también investigadoras, docentes y trabajadoras.

Debido a que se desechaban las denuncias o no había seguimiento por parte de las instituciones universitarias y estatales, lamentablemente no se tienen estadísticas precisas y existe un grave subregistro de la violencia contra las universitarias, pero ya se dan los primeros pasos para conocerla, señaló.

En entrevista exclusiva con Notimex, la recién galardonada por el Poder Legislativo local con el primer reconocimiento “María Rodríguez Murillo”, por su activismo en favor de las mujeres, dijo que a partir de ahora, las autoridades universitarias y gubernamentales deben asumir su papel y elaborar estadísticas.

Además, acompañar a las víctimas, dar seguimiento a los casos, establecer procedimientos, protocolos claros y atención a la violencia, aunque reconoció que la sanción para los indiciados será mínima, porque “lamentablemente muchos delitos por cuestiones de género no son considerados graves”.

Muñoz explicó que entre esos delitos no graves se encuentran el acoso sexual, hostigamiento sexual y abuso sexual, pues el Código Penal de Zacatecas y el Código Nacional de Procedimientos Penales, “dan una serie de beneficios al acusado, como lo es la suspensión del proceso prueba”.

Ello significa que “no llega a una sentencia, sino que el juzgador le impone ciertas medidas al imputado, como terapia psicológica, talleres de reeducación y que no se acerque a la víctima. Si las rompe, entones podría haber una sentencia. Pero si las cumple, el indiciado no pisa la presión”.

Luego, refirió que el 80 por ciento de los casos de acoso sexual y hostigamiento sexual es contra mujeres. Es decir, la población femenina es la más afectada por los delitos sexuales, confirmó, al hacer un llamado a modificar la legislación e imponer penas punitivas para ambos ilícitos.

Al aceptar que “es muy difícil investigar” el acoso sexual y hostigamiento sexual, porque la violencia está normalizada y a veces no se denuncia, sí consideró necesario castigar al agresor, porque “de otra forma se convierte en un clima de impunidad que autoriza, de manera velada, este tipo de conductas”.

Mara Muñoz aclaró que el hostigamiento sexual es cuando existe una relación de subordinación y ejemplificó que lo comete un maestro o un jefe, en tanto que el acoso sexual se da entre dos personas que tienen el mismo rango, pues no hay superioridad jerárquica.

Las declaraciones de la activista se dan en el marco de las denuncias anónimas generadas en redes por el movimiento #MeToo por violencia sexual contra universitarias, que ha derivado en la visibilización de este fenómeno en las instituciones de educación superior.

Es de mencionar que debido a la cantidad de casos denunciados, periódicos locales publicaron entrevistas con alumnas afectadas, quienes reconocieron que el acoso y el hostigamiento sexual es una práctica común por parte de los maestros que, en ocasiones, les piden “favores sexuales” para aprobarlas.

A causa de que los casos denunciados en redes sociales ocurrieron en la UAZ, a través de los medios de comunicación, la Defensoría de los Derechos Universitarios de la máxima casa de estudios instó a las afectadas a interponer las denuncias formales.

Asimismo, en entrevista con medios de comunicación locales, el secretario general de la UAZ, Rubén Ibarra, aseguró que la universidad no solapará conductas inadecuadas, pero lamentó que no exista ninguna denuncia formal y que los nombres de maestros presuntos responsables sólo se hayan ventilado en redes, por lo que no se pude hacer nada mientras no haya pruebas.

En días anteriores, la Secretaría de las Mujeres (Semujer) dio a conocer que se inició en la UAZ un protocolo de prevención y una acción de información sobre ambos delitos, por lo que serán visitadas las unidades académicas para acercarse a las estudiantes.

Además, confirmó que ya se inició el primer procedimiento jurídico por acoso sexual.

Fuente: Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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