Opinión

Mexicanos no triunfan en México. Por Marian Quitana.

El éxito de los tres directores mexicanos, Cuarón, González Iñárritu y Guillermo del Toro en las últimas cuatro entregas del Oscar, sin dejar de lado a Emmanuel Lubezki por su fotografía en la película Gravity, no resulta un caso aislado. Vemos también connacionales triunfando en el extranjero en distintas y variadas disciplinas como lo son la gastronomía, la música, la danza, la arquitectura, los deportes, la astronomía, entre otras. Ello pone a pensar en la creencia colectiva de que para que alguien de México triunfe debe irse de México.

Creo que la realidad es otra y se basa en el reconocimiento y el respaldo. Cierto es que en nuestro país existe una gran brecha de desigualdad en cuanto a las oportunidades, desde las alimentarias en los primeros y más importantes años de vida para el desarrollo neuronal, hasta las oportunidades educativas y por consecuencia las oportunidades para destacar en un mundo tan competitivo, así sea a nivel local. Ideas nacidas en mentes mexicanas sobran, más no los espacios y recursos para desarrollarlas. Si bien existen muchos casos de éxito de mexicanos en territorio nacional ¿cuáles son, quién les apoya y quiénes les reconocen?.

Si buscas en Google “Mexicanos que triunfan en México” solo aparecen ligas haciendo alarde a quienes han triunfado fuera del país, pero si tecleas “Mexicanos exitosos” encontrarás algunos sitios que dan reconocimiento a personas que llevan a cabo proyectos de gran trascendencia dentro y para la República Mexicana. Predominan las historias de la gente joven emprendedora, algunas ya muy conocidas como la del político independiente Pedro Kumamoto, quien ha desmentido el dogma de que las elecciones se ganan con dinero, y otras historias no tan conocidas pero igualmente importantes como la de Hana Haff Bosdet de 31 años, quien a través de su propia fundación ha beneficiado a cientos de miles de personas en temas educativos. En Chihuahua hay personas que sobresalen en su trabajo diario por mejorar las condiciones de vida de los grupos vulnerables de la sociedad, muchas de ellas realizan labores heróicas en el anonimato, hay otras que buscan distinguirse en el ámbito empresarial y ganar una preferencia ofreciendo al mercado productos y servicios innovadores. Todas ellas necesitan de nuestro apoyo.

Yo veo gente triunfando todos los días en México, alguna creando a partir de una posición privilegiada, pero la gran mayoría abriéndose camino entre una infinidad de obstáculos provenientes de un sistema que favorece a las cúpulas sociales, pero muchas otras veces son obstáculos colocados por las mismas personas mexicanas con las que se interactúa día con día.

Si no contamos con las oportunidades a las que un pequeño porcentaje de la población tiene acceso, apelemos a contar con la fuerza y la solidaridad de este país. Respaldemos y reconozcamos esfuerzos, convirtámonos en otorgantes de oportunidades al consumir de manera local, al contratar servicios de empresas emergentes, al compartir y promocionar en redes nuevos negocios de nuestras amistades o cualquier idea que nos llene de orgullo por ser mexicana. Demostremos que si derribamos los muros de nuestra propia colectividad, no exisitirá muro físico que nos detenga para seguir triunfando dentro y fuera de México.

Les invito a reconocer a las personas que sí triunfan en Me?xico cada día etiquetándolas en los comentarios de esta publicación.

Gracias de nuevo por leerme. Hasta la próxima.

Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.