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México afina estrategia de reapertura de escuelas a un año del cierre por Covid-19

Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, señaló que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador afina la estrategia de apertura de escuelas a un año del cierre por COVID-19.

“El gobierno de México y en particular con el grupo asesor científico, en conjunto desde luego con la Secretaría de Educación Pública, afinan la estrategia de apertura de las escuelas teniendo decisiones, muchas de ellas como sería reducir el tamaño de las clases, si los niños deben o no usar cubrebocas y cómo garantizar una ventilación adecuada entre muchas otras acciones”, dijo durante la conferencia mañanera del presidente.

Alcocer Varela recordó que el 14 de marzo de 2020, el Consejo de la Secretaría de Educación Pública, con el apoyo de la Secretaría de Salud, votó iniciar la suspensión de clases presenciales.

“Ahora a un año, la apertura de escuelas en México traerá alivio a muchas familias”, enfatizó.

El titular de Salud señaló que el regreso a clases presenciales devolverá a los niños los beneficios educativos, sociales, de volver a convivir con sus maestros y con sus amigos. Acotó que es un paso vital importante para México, pero, admitió, con ciertos riesgos para salir del confinamiento.

“El futuro de los niños no es lo único que está en juego, sabemos que es bajo el riesgo para los niños de tener la enfermedad grave del COVID y que la evidencia internacional indica que las escuelas no son amplificadores de la transmisión. Sin embargo, tenemos que asegurar que las escuelas sean seguras”.

Por su parte, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, enfatizó que se cumple un año de que se cerraron las escuelas en México e inició la medida tomada por resolución del Consejo Educativo Nacional el sábado 14 de marzo de 2020.

Dijo que la medida facilitó el control de la epidemia en México y destacó la importancia de mantener a uno de los sectores sociales de la estructura del Estado mexicano que tiene la mayor contribución a la afluencia de personas.

López-Gatell enfatizó que la estrategia nacional de México para enfrentar al COVID-19 ha estado fundamentada en dos pilares, dos elementos técnicos cruciales muy semejantes a los que se han utilizado en otras naciones y muy semejantes a las recomendaciones generales de la Organización Mundial de la Salud en los planes de respuesta ante la pandemia.

Explicó que por un lado están las medidas de salud pública que permiten reducir la movilidad y el encuentro de las personas en el espacio público y por el otro la reconversión hospitalaria, que permitió tener la capacidad de atender a todas las personas.

Fuente: Noticieros Televisa

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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