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México

México anuncia plan para defender la denominación de origen del Tequila

El Gobierno mexicano anunció una nueva estrategia para la “enérgica defensa” del tequila en Europa, región a la que exporta más de 20 millones de litros al año, en medio de controversias con empresas multinacionales.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y el Consejo Regulador del Tequila (CRT) se reunieron para determinar “acciones contundentes” para proteger la denominación de origen que la Unión Europea (UE) le entregó a la bebida mexicana en 2019.

“A fin de aprovechar este marco legal, la Secretaría de Economía, por conducto del IMPI, definió una estrategia para la enérgica defensa de los intereses de la denominación de origen tequila, y con ese propósito se acordaron nuevas líneas de coordinación”, informó la dependencia en un comunicado.

El anuncio ocurre en medio de una disputa legal en la Comisión Europea (CE) entre la cervecera Heineken y el Consejo Regulador del Tequila por el uso de la denominación de origen del licor mexicano en una de sus cervezas.

El sector tequilero en México acusa a la multinacional de incumplir la regulación con la venta de Desperados, una cerveza con “aroma a tequila” comercializada en 70 países.

Sin mencionar de forma directa la controversia, la Secretaría de Economía recordó que la denominación de origen del tequila es reconocida en 55 países, incluidos los de la Unión Europea.

“El director general del IMPI, Juan Lozano Tovar, enfatizó que las denominaciones de origen e indicaciones geográficas son patrimonio de México y que con ese carácter es que deben ser protegidas”, recogió el comunicado.

Su cadena de producción da sustento a más de 70 mil familias mexicanas y genera más de 6 mil millones de pesos (casi 300 millones de dólares) en impuestos a México.

Pese a la pandemia, la producción de tequila en México fue de 128 millones de litros en el primer semestre del año, un 4 por ciento más que el mismo periodo de 2019, con un aumento de 3.6 por ciento en las exportaciones, según el Consejo de Agaveros de Jalisco.

Desde el inicio de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador, además de la Unión Europea, se ha logrado el reconocimiento de esta bebida en Brasil, Singapur, Hong Kong y Nueva Zelanda, reconoció Ramón González, director del CRT en la reunión con el IMPI.

“También se abordaron los esfuerzos de la Secretaría de Economía para fortalecer las denominaciones de origen en la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial”, añadió el comunicado.

Fuente: EFE

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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