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México avanza con prohibición de comida «chatarra» a niños, tras letalidad del Coronavirus asociada a obesidad

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Gracias a la creciente evidencia de que la obesidad puede incrementar el riesgo de una enfermedad grave con la infección del nuevo coronavirus, diversos estados de México están tomando medidas para prohibir la venta de comida chatarra a menores.

El lunes, legisladores de Tabasco votaron a favor de prohibir la venta de bebidas azucaradas y alimentos altamente procesados a cualquier persona menor de 18 años. Sólo 12 días después de que Oaxaca tomara acciones similares.

La pandemia ha provocado una explosión de conciencia sobre las razones que explican la vulnerabilidad de los mexicanos a ciertas enfermedades, y ha dado lugar a nuevas y ambiciosas leyes en al menos 10 estados y la Ciudad de México. Manuel Gordillo Bonfil, diputado local de Tabasco, declaró que la pandemia de Covid-19 es una oportunidad para establecer políticas públicas que protejan la salud de los niños.

Los detalles de la prohibición en Tabasco siguen bajo discusión, pero el voto fue de 22 a favor y 8 en contra.

Con la ley antichatarra, el estado sureño de Oaxaca, en una votación de 31 contra 1, prohibió la venta de productos como frituras, dulces, refrescos y otras bebidas azucaradas a menores de 18 años, lo que coloca a estos productos en la misma categoría que los cigarros y las bebidas alcohólicas. La ley establece multas, clausura de comercios y prisión para acusados recurrentes. La prohibición también incluye máquinas expendedoras en escuelas.

«Estas leyes son un gran logro para la salud pública por la atención que reciben a nivel global,» dice Rafael Pérez-Escamilla, profesor de la Escuela de Salud Pública de Yale. «La pandemia está subrayando la necesidad de poner a la salud pública al frente y al centro.»

La Organización Mundial de la Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura han emitido declaraciones enfáticas de apoyo a las nuevas leyes, pero la resistencia también ha sido eficiente. En un evento en Berriozabal, Chiapas, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, describió a las bebidas azucaradas como “veneno embotellado”. La Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC) emitió un comunicado donde alegó que el funcionario estaba estigmatizando injustamente la categoría.

La industria de alimentos argumenta que las tiendas de abarrotes y autoservicio, que dependen en gran medida de la venta de refrescos, serán afectadas por las nuevas leyes.

“Puede que sea cierto” dice Pérez-Escamilla. “El gobierno tendrá que idear soluciones para eso. Pero este es un mensaje contundente a toda la sociedad, esta situación debe ser tomada en serio. Es importante que empoderemos a padres y maestros, porque las escuelas son un objetivo central.”

De acuerdo con un estudio publicado en enero por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 73 por ciento de los mexicanos tiene sobrepeso y 34 por ciento tiene obesidad mórbida. Oaxaca, uno de los estados más pobres del país, tiene uno de los niveles de obesidad más altos, de acuerdo con la encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2019. Las comunidades indígenas están particularmente expuestas a prácticas publicitarias predatorias y a los precios bajos de alimentos chatarra.

«Este sistema ha hecho que sea muy sencillo para los niños acceder a alimentos altos en calorías, bajos en nutrientes y ultra procesados,» dice Pérez-Escamilla.

México

México y Estados Unidos refuerzan cooperación contra tráfico de armas y robo de combustible

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México y Estados Unidos acordaron profundizar y agilizar el intercambio de información en materia de tráfico de armas, así como fortalecer la cooperación para combatir el robo de combustible y otros delitos transnacionales, tras la segunda reunión del Grupo de Implementación en Seguridad México-Estados Unidos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el encuentro se realizó el pasado 11 de diciembre como parte del seguimiento al Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, mecanismo acordado por ambos países para atender de manera coordinada temas prioritarios en materia de seguridad. En la reunión participaron el encargado de despacho de la cancillería mexicana, Roberto Velasco, y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, junto con funcionarios de ambos gobiernos.

Durante la sesión se revisaron los avances alcanzados desde la reunión previa celebrada en McAllen, Texas, donde se había puesto énfasis en el combate al tráfico de armas. En esta ocasión, además, se analizaron desafíos emergentes para la seguridad regional, particularmente el uso de drones por parte de organizaciones criminales.

Como parte de los acuerdos, ambas naciones determinaron dar continuidad a las acciones de incautación de armamento y municiones, así como reforzar el intercambio de información para identificar y desarticular redes dedicadas al tráfico ilegal de armas. También se estableció fortalecer la cooperación en materia de extradiciones y las investigaciones relacionadas con el robo de combustibles, con el objetivo de maximizar el impacto de las acciones coordinadas antes de la próxima reunión, prevista para enero de 2026.

La SRE precisó que durante el encuentro se reiteró que la cooperación bilateral en seguridad se rige por los principios de respeto a la soberanía y a la integridad territorial de ambos países, bajo un enfoque de responsabilidad compartida y sin subordinación. Indicó que el intercambio de información, la coordinación operativa y el diálogo permanente deben traducirse en mejores condiciones de seguridad para las poblaciones de México y Estados Unidos.

Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que, como parte de esta cooperación, se han emprendido acciones contra instituciones financieras y personas involucradas en la fabricación, distribución y venta de fentanilo y precursores químicos. Asimismo, informó que ambos países se comprometieron a acelerar los esfuerzos conjuntos para desmantelar cárteles y grupos delictivos, interrumpir fuentes de ingresos ilícitos y contrarrestar amenazas emergentes, incluido el uso de drones en la frontera.

Las autoridades de ambos países confirmaron que continuarán los trabajos bilaterales y que el diálogo en materia de seguridad se mantendrá de forma permanente.

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