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México busca a 11 mil niños desaparecidos; ‘la alerta Amber no sirve’: activistas

Las familias de 11 mil 72 niños desaparecidos hace años no saben si sus seres queridos están vivos o muertos.

Datos de la Segob indican que, de 47 mil 820 menores reportados como desaparecidos entre la década de los 60 y diciembre pasado, 36 mil 748 fueron localizados y del resto, 23% del total, no hay certeza de su paradero.

De acuerdo con un informe de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, de diciembre de 2018 al mismo mes de 2019 hubo dos mil 720 niños desaparecidos, de los cuales mil 713 fueron hallados y de mil siete (37%) aún no se sabe su paradero.

Juan Martín Pérez, director general de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), afirmó que las redes sociales se han convertido en una herramienta crucial para buscar a niños ilocalizables ante la inexistencia o ineficacia de mecanismos oficiales, como la Alerta Amber.

MÉXICO AÚN NO ENCUENTRA A 11 MIL DE SUS NIÑOS

Todos los días decenas de anuncios que preguntan si ¿lo has visto? inundan las redes sociales, estaciones del Metro y calles, pues México busca a sus 11 mil niños que se encuentran desaparecidos, siendo los estados de Tamaulipas, México, Puebla, Jalisco, Chihuahua y Nuevo León los que más casos reportan, de acuerdo con el último informe de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Las principales víctimas de desaparición son las menores de edad, pues, a decir de organizaciones civiles, muchas veces son usadas para la explotación sexual.

De acuerdo con el Informe de fosas clandestinas y registro nacional de personas desaparecidas o no localizadas de la Segob, de 47 mil 820 menores de edad desaparecidos desde la década de los 60 hasta el 31 de diciembre pasado, 36 mil 748 fueron localizados —aunque no se especifica si fueron encontrados vivos o muertos— y aún se sigue sin saber el paradero de 23.15% de ellos, es decir, de 11 mil 72 menores de edad.

Por otra parte, del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019 había dos mil 720 menores de edad desaparecidos, de los cuales mil 713 fueron localizados, es decir, 62.98%, y el resto (mil siete) no se supo de su paradero, es decir, de 37.2 por ciento.

ENTRE LOS 10 Y 19 AÑOS, LOS MÁS AFECTADOS

Por rango de edad de 10 a 14 años, las niñas encabezan la lista, y entre los 15 y 19 años no hay gran diferencia en el número de desaparecidos entre ambos sexos, según el reporte de Gobernación.

Son cientos los casos en los que los padres de familia y ONG acusan que gran parte de los niños no son localizados porque las fiscalías no encienden la alarma de forma inmediata, pues uno de los requisitos es que se dejen transcurrir entre 48 y 72 horas, tiempo que es crucial para su localización, ya que ese lapso permite a los captores huir con los pequeños.

El informe de la Segob, de los años 60 hasta el 31 de diciembre pasado, señala que la lista de desaparecidos la encabezan las mujeres en el rango de edad entre los 10 y 14 años, entre 15 y 19 años la cifra es alta y similar entre ambos sexos.

De acuerdo con el director general de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Juan Martín Pérez, se apuesta más a las redes sociales para la localización de los menores desaparecidos que a la misma Alerta Amber, pues a su decir ésta no funciona, es tomada como un “engaña bobos”, ya que es un llamado de ayuda de búsqueda al público, no un protocolo de búsqueda o no significa que estén buscando al niño.

«Lo que suele ocurrir, por oficio, es que circulan un documento por cada caso que aparece a hospitales y estaciones de policía y ya con lo que se reporte, ahí está la carpeta, no hay más, no hay personas buscando o preguntado, sólo ocasionalmente, cuando los casos son muy mediáticos, y eso es para controlar el manejo negativo de la imagen porque, hasta ahora, un protocolo único de búsqueda no existe, tampoco hay una forma en la que podamos verificar cómo se está buscando o cómo se encontró, si fueron restos humanos o con vida”.

Fuente: Vanguardia

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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