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México

México, cementerio de periodistas: federación española del gremio

“México se ha convertido en un cementerio de periodistas. Y eso significa que México se ha convertido en un cementerio de la libertad y de la democracia”, señaló
Elsa González, la presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), que expresó su pesar por el asesinato de la corresponsal de La Jornada en
Chihuahua, Miroslava Breach.
Los periodistas españoles también llamaron la atención sobre el deterioro de la situación en la que los periodistas ejercen su trabajo en nuestro país y exigieron al gobierno
de México, de Enrique Peña Nieto, que se esclarezcan los crímenes contra los informadores y que no prevalezca la impunidad.
Consternada por la violencia con la que fue ejecutada nuestra compañera Miroslava Breach, la presidenta de la FAPE quiso transmitir tanto a los periodistas mexicanos
como a los que trabajamos en el periódico La Jornada su solidaridad y pesar por el crimen de ayer.
FAPE es la máxima asociación de periodistas españoles, que representa a más de 20 mil profesionales de la información y en la que están aglutinadas 49 asociaciones
federadas y 16 vinculadas.
Elsa González señaló que “desde FAPE, en primer lugar queremos expresar nuestra condena más absoluta. Pero también queremos expresar nuestra preocupación por la
impunidad por parte de las autoridades, que tienen que entender que estos asesinatos no pueden quedar sin castigo. No pueden quedar impunes y no puede mantenerse
esta situación”.
Para la presidenta de la FAPE, “México se ha convertido en un cementerio de periodistas. Y eso significa que México se ha convertido en un cementerio de la libertad y de la
democracia. El asesinato de Miroslava Breach es algo muy nuestro, ya que no sólo nos une la lengua sino mucho más”.
FAPE presentó hace unos meses ante el ministro de Asuntos Exteriores de España y el Consejo de Seguridad de la ONU una iniciativa para que los crímenes contra
periodistas se juzguen en un tribunal internacional para evitar que siga prevaleciendo la impunidad.
“Tenemos que evitar que el asesinato de periodistas queden como muertos de guerra sin más, sobre todo en las zonas de conflicto pero también en las que no lo hay
conflicto pero que ejercer la profesión supone un alto riesgo. Esperemos que asesinatos como el de Miroslava Breach pronto puedan ser juzgados por un tribunal
independiente e internacional, pues desde luego México está en una situación dramática que hace que esta demanda sea más pertinente y urgente que nunca”, añadió
González.
“El asesinato de Miroslava Breach, que todos los periodistas españoles sentimos como propio, es un ataque directo a la libertad de prensa, a la libertad de información y
por eso la responsabilidad del gobierno de México es enorme y en este caso mucho más. Por eso desde la FAPE exigimos al gobierno de México que este tipo de crímenes no
queden impunes”, finalizó la máxima representante de los periodistas españoles.

La Jornada

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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