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México declara emergencia sanitaria por COVID-19

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El Gobierno de México decretó este lunes emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia del coronavirus.

La emergencia tiene vigencia hasta el 30 de abril.

La determinación, tomada por el Consejo de Salubridad General, implica que la Secretaría de Salud determinará las acciones que deba corresponder a las demás autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Entre las medidas se ordena a las secretarías de Hacienda, Economía y Trabajo, así como al IMSS, ISSSTE e Infonavit a «operar las medidas necesarias a fin de proteger empresas y trabajadores por la vigencia de la declaratoria».

Además, se exhorta a que el sector privado deberá adoptar de inmediato modalidades de teletrabajo, trabajo a distancia o análogos, sin que las actividades de sus trabajadores impliquen un acto presencial.

«No estimamos que el sector privado dejase de participar o se opusiese a estas medidas. Hemos encontrado solidaridad, respaldo», dijo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Detalló que había un consenso de que «en el momento en que fuera indispensable que se suspendieran actividades no esenciales, en ese momento todos tenemos que cerrar filas».

Agregó que: «Si no se hace, el daño económico crece, porque va a tomar más tiempo. El impacto al empleo, a la actividad económica va a ser mucho mayor. Hay que actuar por razones de salud y economía. Entre más efectivo sea este mes, más pronto regresaremos a la normalidad».

El canciller además aseguró que las empresas deben pagar completos los salarios de los trabajadores durante la emergencia sanitaria, ya que la ley les impediría incumplir con esta obligación.

Chihuahua

Nombran a Chihuahua parte del Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización

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– En reconocimiento a las buenas prácticas que se impulsan en materia de transparencia y rendición de cuentas

El Estado de Chihuahua fue integrado al Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), en el marco de la reunión de la Comisión Permanente de Contralores Estados–Federación (CPCE-F), en la que participaron autoridades de todas las entidades federativas.

Esto representa un reconocimiento a las buenas prácticas que se impulsan en la entidad en materia de control, transparencia y rendición de cuentas.

En representación del Gobierno del Estado, el secretario de la Función Pública, Roberto Javier Fierro Duarte, recibió el nombramiento como miembro del Comité.

Dicho órgano colegiado se encarga de coordinar y definir las políticas orientadas a la prevención, detección y sanción de la corrupción, así como a la fiscalización de los recursos públicos en México.

Desde esa instancia, Chihuahua contribuirá a reforzar los mecanismos que aseguren que el dinero público se ejerza de forma eficiente, transparente y conforme a la ley, al verificar que las dependencias cumplan con sus obligaciones y que los recursos se utilicen correctamente.

El Estado tendrá además un papel en la supervisión de la concordancia entre lo planeado y lo ejecutado, especialmente en el gasto gubernamental y las obligaciones fiscales, para que cada peso invertido responda a los objetivos para los que fue destinado.

Con esta designación Chihuahua participará activamente en el fortalecimiento del SNF, al asegurar que los procesos de fiscalización se ajusten a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad.

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