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México

México, EEUU y Canadá acuerdan acciones contra la trata de personas

México, Canadá y Estados Unidos acordaron trabajar de manera conjunta en la prevención de la trata de personas, procesar a los perpetradores de este crimen y proteger a las víctimas, esto en el marco de la Cuarta Reunión Trilateral del Grupo de Trabajo sobre Trata de Personas realizada en Washington.

Esta cuarta reunión se realizó los días 28 y 29 de noviembre fue parte del seguimiento a los compromisos logrados en la Cumbre de Líderes de América del Norte del 2014; además entre los objetivos principales de determinó el intercambio de información, compartir buenas prácticas e identificar áreas de cooperación.
Durante esta reunión se realizaron sesiones enfocadas en las experiencias para prevenir la trata de personas en las cadenas de suministro en adquisiciones públicas; investigaciones y procesos penales, así como protección a víctimas.

Además, funcionarios de los tres países participaron en una presentación sobre colaboración con sobrevivientes de la trata de personas para explorar enfoques basados en las secuelas del trauma.

Asimismo, representantes de organizaciones de la sociedad civil de México, Canadá y Estados Unidos participaron en una sesión sobre colaboración con los gobiernos para combatir la trata de personas. Adicionalmente, se realizó una sesión enfocada en la cooperación entre los gobiernos y el sector privado, en la que trataron los aspectos financieros vinculados con este delito.

La reunión fue auspiciada por Estados Unidos que estuvo representado por los Departamentos de Estado (DoS), de Justicia (DoJ), de Seguridad Interna (DHS), de Salud y Servicios Humanos (HHS), del Trabajo (DoL), del Tesoro (DoT) y la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La delegación mexicana estuvo integrada por funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos (UEITMPO) de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Policía Federal, del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (UIF-SHCP).

En tanto, la canadiense incluyó a representantes de Seguridad Pública de Canadá (PSC), Asuntos Globales (GAC), el Departamento de Justicia (JC), la Real Policía Montada (RCMP), Servicios Públicos y Adquisiciones (PSPC), el Centro Canadiense de Análisis de Transacciones y Reportes Financieros (FINTRAC), y del Centro de Coordinación contra la Trata de Personas de Ontario.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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